Sánchez sobredimensiona su Gobierno y lo convierte en el más caro de la historia

La esperada reducción del Gobierno en la nueva legislatura al frente de Pedro Sánchez finalmente quedó en nada, o al contrario, ha vuelto a crecer en tamaño y gasto, al tener que hacer hueco a las exigencias de su socio de Gobierno, Sumar. Aunque el número de ministerios se ha mantenido igual, en 22, la mayoría de ellos se han sobredimensionado al crecer su estructura, por lo que el presupuesto que van a manejar se acercará a los 70.000 millones de euros consignados para su gasto operativo en los últimos Presupuestos Generales del Estado, los de 2023. Unas cuentas públicas que han sido prorrogadas ante la imposibilidad de cumplir con las fechas por el retraso en la formación de Gobierno. Por tanto, si ya este año hubo un incremento de 13.510 millones con respecto a 2022 en gastos operativos ministeriales –al pasar de 16 a 22 departamentos–, en el próximo ejercicio también habrá incremento presupuestario, y no sólo por las actualizaciones salariales.

Se mantienen las cuatro vicepresidencias con Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Ribera y María Jesús Montero al frente, su núcleo duro más la cuota de Sumar con Díaz, con unos sueldos de más de 78.000 euros cada una. Las cuatro vicepresidentas pertenecen al área económica, que ya anunció el presidente en la presentación de su Ejecutivo que tendrá especial protagonismo, justificando así que se haya sobredimensionado su estructura. De momento, se ha batido ya el récord de mayor número de secretarías de Estado en las dos últimas décadas y 10 legislaturas, al alcanzar el número histórico de 36, ocho más de las que estaban aprobadas en la toma de posesión del Ejecutivo anterior, una más con las que finalmente acabó la legislatura (35), pero muy lejos de las que tuvo José María Aznar en la legislatura del año 2000.

Dónde más se va a notar la ampliación será en el ala económica, al tener diez ministerios vinculados, que contarán con 18 secretarías de Estado. Con la separación del anterior Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en dos ministerios, el de Vivienda y el de Transporte y Movilidad Sostenible, cada uno de ellos pasa a tener una Secretaría de Estado. También han intercambio secretarías el de Economía y el nuevo de Transformación Digital de José Luis Escrivá –que ha anunciado dos, la de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la de Digitalización e Inteligencia Artificial, aunque Calviño ha ganado la de Comercio, antes perteneciente Industria y ha creado la de Economía y Apoyo a la Empresa. El Ministerio de Agricultura de Luis Planas dispondrá de la secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación.

Por su parte, Yolanda Díaz quiere seguir ganando peso en el Gobierno y, por eso, contará con dos secretarías de Estado, una más que en la anterior legislatura, la que estaba a manos de Joaquín Pérez Rey, la de Nuevas Formas de Empleo, y la nueva de Economía Social, además de cuatro direcciones generales. En el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que ocupará ahora Elma Saiz se mantienen las Secretarías de Estado de Migraciones y de Seguridad Social y Pensiones. También el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero conserva sus tres secretarías de Estado: Hacienda, Presupuestos y Función Pública. El Ministerio de Transición Ecológica en manos de Teresa Ribera mantiene las secretarías de Estado de Medio Ambiente y la de Energía. Por último, el Ministerio de Industria y Turismo dispondrá de dos secretarías de Estado una para cada apartado.

Junto a todas estas secretarías de Estado, el BOE ha oficializado esta semana el último real decreto aprobado por el Consejo de Ministros por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales en esta nueva legislatura, que aumentará aún más la sobredimensión gubernamental tras incluir 11 comisionados, 23 secretarías generales y 149 direcciones generales. Según fuente ministeriales, este real decreto pretende «reformar las estructuras de la Presidencia del Gobierno, vicepresidencias y ministerios con el fin de desarrollar el programa político del Gobierno y lograr la máxima eficacia y la mayor eficiencia en el funcionamiento de la Administración General del Estado». Las mismas fuentes abundaron que esta reestructuración ministerial responde a la «necesidad de modernizar la Administración Pública, que debe contar con instrumentos propios del siglo XXI para poder cumplir sus funciones de un modo eficaz, estratégico y basado en el cumplimiento de objetivos, para dar una mejor respuesta a la sociedad mediante unos servicios públicos de calidad, cercanos, accesibles y eficientes».

Precisamente, dentro de estas secretarías generales se encuentra la renovada Oficina de Asuntos Económicos y G-20, cuya persona que esté al frente pasará a ocupar el cargo de secretario de Estado. Entre sus funciones estará la coordinación de las áreas de su competencia y de los departamentos y las unidades que se le adscriben y, en particular, el asesoramiento y apoyo técnico y político al presidente del Gobierno en asuntos relacionados con la Política Económica. Para ello, contará con un Departamento de Proyectos Estratégicos y Políticas Sectoriales y con unidades, con rango de Subdirección General. Todo ello con sus correspondientes presupuestos y personal.

Sólo en el pago de las nóminas de la treintena de secretarios de Estado se destinarán más de cuatro millones de euros. Según los últimos datos del Portal de Transparencia, relativos a 2019, la media de sus salarios estaría en más de 120.000 euros brutos al año, con todos los complementos y pagas extras.

Pese a que fuentes gubernamentales insisten en que esta ampliación de estructura no supone un mayor gasto de personal porque la intención es «recolocar empleados públicos para cubrir las necesidades de los nuevos organismos» –explican fuentes ministeriales–, es evidente que el número de cargos de confianza se verán incrementados ante las nuevas obligaciones que asumirán en sus nuevos puestos. Por ello, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez volverá a batir su propia marca histórica de cargos de confianza, que superará el récord de 800 que alcanzó en la anterior legislatura.

Y todo apunta a que la «superestructura» gubernamental seguirá creciendo, ya que el citado real decreto que define la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales –incluyendo secretarías generales, subsecretarías y las estructuras de los gabinetes, así como las direcciones generales de las diferentes carteras– abre bla posibilidad a que «cada Ministerio pueda desarrollar su estructura orgánica básica con el fin de completar su organización», por lo que estaría justificada cualquier ampliación de personal, de cargos de confianza o de nuevas estructuras internas, que tendrían que ser presupuestadas en las próximas Cuentas Públicas, previstas en el primer trimestre de 2024.