Siete de cada diez inquilinos se quiere endeudar por encima del 40% de sus ingresos

El precio del alquiler continúa ahogando mes a mes a los inquilinos, ya que este sigue sin encontrar techo. Tanto es así, que en el mes de febrero, las rentas pasaron a situarse en 11,43 euros el metro cuadrado, aumentando un 10,2% en el último año, según el portal inmobiliario Fotocasa. Ante este escenario, no es de extrañar que las personas tengan que hacer un esfuerzo económico cada vez mayor y destinar gran parte de su salario para poder pagar la cuota del alquiler y no acabar a fin de mes con el agua al cuello.

Aunque las rentas sean muy elevadas, el Banco de España (BdE) advierte que no es conveniente que una persona destine más del 35% de su salario para pagar el alquiler o la cuota de una hipoteca. No obstante, este porcentaje parece casi anecdótico, ya que la mayoría de ciudadanos tiene que superarlo para poder pagar la renta del alquiler. Tanto es así, que siete de cada diez personas interesadas en arrendar una vivienda, están dispuestas a endeudarse por encima del 40% de sus ingresos para hacer frente a la renta de alquiler, según explica la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

Este escenario en el que se genera un endeudamiento superior al señalado por el BdE para pagar la renta del alquiler supone un riesgo para los propietarios, así como para la viabilidad el alquiler, ya que “ante cualquier imprevisto, el arrendatario deja de pagar la renta, en su totalidad, o de forma parcial”, sostiene el director general de ANA, José Ramon Zurdo.

Mayor demanda, mayor riesgo y mayores requisitos

Actualmente, existe una "grave escasez" de oferta de vivienda en el mercado del alquiler -que no es atendido de raíz por ninguna Administración pública-, que sumado a la crisis financiera e hipoteca, hace que los demandantes de alquiler sigan aumentando en un contexto de pérdida de poder adquisitivo por parte de las familias a raíz de la inflación, formando un "coctel explosivo", asevera Zurdo. Además, explica que todo esto provoca "un aumento del riesgo a la hora de poner una vivienda en alquiler, en una situación de inseguridad jurídica, donde el propietario particular, sin asesoramiento adecuado, es el principal perjudicado”.

Dado que el riesgo aumenta a la hora de arrendar una vivienda, desde ANA explican que los requisitos también se incrementan a su vez, ya que las medidas intervencionistas como el tope del 2% hace que los propietarios se protejan "al máximo" buscando aquellos inquilinos que les ofrezcan una mayor solvencia económica o mayores garantías. De esta forma, el director general de ANA explica que los propietarios podrán "afrontar los problemas que les puedan surgir, sobre todo por los tiempos tan exagerados que se tardan en recuperar las viviendas, en casos de desahucios”.

En este contexto, los caseros podrán solicita un mes en concepto de fianza y dos adicionales como garantía complementaria, exceptuando los contratos de larga duración, ya que en estos las garantías no tienen límites, tal y como establece el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Además, tampoco se podrá exigir a los inquilinos el pago anticipado de más de una mensualidad de renta, ya que lo prohíbe el artículo 17 de dicha normativa. Por tanto, "exigir a los inquilinos el pago anticipado de seis mensualidades de renta es una práctica ilegal", tal y como informan desde ANA.

El tope del 2% perjudica a las clases más vulnerables

Aunque solicitar mayores requisitos suponga una protección extra para los caseros, esta situación “realmente a quienes están perjudicando más es a las clases más vulnerables de nuestra sociedad, que son las que tienen menos ingresos para poder endeudarse con las rentas que se solicitan, o las que tienen los empleos más inestables", sostiene Zurdo.

"Las últimas medidas intervencionistas aprobadas en perjuicio de los arrendadores, no solo les están perjudicando a estos, sino indirectamente también a los inquilinos, al endurecer los arrendadores los requisitos que exigen para arrendar sus viviendas, debido al mayor riesgo que tienen que soportar. Vemos como una intervención que se hace en teoría para favorecer a los inquilinos, tiene el efecto contrario de perjudicarles, por la vía de los mayores requisitos que se les están exigiendo. Esto nos demuestra el planteamiento equivocado de las últimas medidas adoptadas, que lo único que han hecho es excitar para que se cree una enorme demanda, pero en cambio al no defender a los arrendadores, han deteriorado la oferta”, finaliza Zurdo.