Sobre la derogación de la reforma laboral

Decir que «la reforma laboral fue catastrófica y que, por lo tanto, lo mejor es volver al marco jurídico anterior» no son argumentos sostenibles con los datos disponibles. En primer lugar, porque no disponemos de evidencia empírica sobre derogaciones de reformas laborales, simplemente porque este tipo de «marcha atrás» no se suele producir. Entramos pues en terreno desconocido.

Por una parte, es muy probable que en el corto plazo estos cambios generen de nuevo un período de inseguridad jurídica que perjudique el empleo en esta nueva fase expansiva. Por otra, de lo que si tenemos evidencia es que el marco laboral anterior no supo dar una respuesta a los principales problemas del mercado de trabajo.

En segundo lugar, ni tenemos evidencia rigurosa para sostener que la reforma laboral del 2012 (RL2012) haya causado la precarización que padece nuestro mercado de trabajo en la actualidad, ni que haya actuado como una trituradora de empleo. Nuestros problemas de precariedad vienen de lejos y siguen siendo una tarea pendiente. El comportamiento tan negativo del empleo a lo largo de esta larguísima recesión vino dominado por la pésima evolución de la tasa de contratación. Ni se observa un empeoramiento de las tasas de despido en torno a la RL2012, ni tampoco un cambio en la distribución de los despidos que perjudicará más a las personas con más antigüedad en las empresas.

En cuanto a la evolución de los salarios si que se puede observar una aceleración de la caída salarial en torno a la RL2012, pero no resulta fácil mostrar que este recorte de poder adquisitivo de los trabajadores se deba a la reforma o sea consecuencia de una crisis tan larga. Lo que sí observamos es que el alza de la desigualdad salarial se inició al principio de la crisis y no parece haberse acelerado con la reforma. Además, no queda nada claro cómo una derogación de la RL2012 podría dar marcha atrás y conseguir recuperar esta caída en los salarios reales, por no hablar de la posible pérdida de competitividad que podría causar.

En definitiva, mientras seguimos a la espera de que surjan estudios científicos rigurosos que nos aclaren los efectos reales de la RL2012, todos los males que se le achacan a la reforma no se pueden sostener con una simple observación de los datos.

El objetivo principal de la RL2012 era otorgar una mayor flexibilidad interna a la empresas y probablemente se haya conseguido. Pero esta reforma, como todas las demás, también tuvo claras deficiencias. Por destacar dos: no abordó el asunto de la precariedad laboral y generó un vacío legal en la ultraactividad de los convenios provocando el caos en materia de negociación colectiva. Ambos aspectos han desequilibrado aún más la reforma a favor de las empresas. Estos desequilibrios no fueron compensados aún con un impulso en materia de políticas de empleo, pasivas y activas, todo lo contrario. De ahí que nuestro modelo de políticas de empleo se haya quedado cojo, alejado del modelo de flexi-seguridad laboral.

No hay ningún motivo para esperar que una derogación de la RL2012 pueda ayudar a paliar los efectos de la crisis en los colectivos más vulnerables: los parados de muy larga duración. La última EPA del 2015 volvió a poner cifras a uno de nuestros problemas más acuciantes: la recuperación económica no está llegando a todos los hogares. Más de 2 millones de personas llevan dos o más años buscando empleo, 1,1 millones llevan incluso 4 o más años en esta situación.

A pesar de que se esté creando empleo a unas tasas que nos recuerdan los mejores períodos de bonanza económica, las tasas de salida del paro al empleo de estos colectivos no consiguen despegar. La gran mayoría están registrados en nuestros Servicios Públicos de empleo, pero menos del 20% de estas personas se benefician de una prestación y menos del 10% participan en procesos de formación.

En fin, mientras se discute sobre reformas y contra-reformas, convendría establecer prioridades claras y abrir ventanas para un pacto de gobierno. En nuestra opinión, un ingrediente fundamental de cualquier tipo de pacto es llegar a un consenso rápido sobre cómo mejorar nuestras políticas activas y pasivas para que alcancen una mayor cobertura, tengan una mayor vinculación y funcionen de forma eficaz y eficiente. No cabe duda, será costoso. Pero de esto se trata, de establecer prioridades. Estas prioridades son compartidas por casi todos los programas electorales y deberían generar un espacio claro de entendimiento.

Por otra parte, nuestro marco laboral y de protección social se está quedando anticuado. Las relaciones laborales difieren mucho, y lo harán cada vez más, de las de hace 35 años, cuando se aprobaron las bases del marco normativo actual. Abrir el debate sobre un nuevo Estatuto de los Trabajadores debería constituir otra ventana para el entendimiento.

*Profesores de la Universidad de Oviedo y de la Universidad Autónoma de Madrid, respectivamente, e investigadores de Fedea