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Sólo un 8% de interinos en 2020

El plan de Montoro para los funcionarios reduciría a un tercio la temporalidad. CSIF reclama más medidas a cambio de su apoyo

  • Varios aspirantes, durante el examen de acceso a Etrzaina celebrado hace unos días en Baracaldo (Vizcaya)
    Varios aspirantes, durante el examen de acceso a Etrzaina celebrado hace unos días en Baracaldo (Vizcaya)

Tiempo de lectura 4 min.

26 de febrero de 2018. 00:58h

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Erik Montalbán 26/2/2018

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En 2020 sólo el 8% de los empleados públicos tendrá un contrato temporal. Ésta es, al menos, la intención del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que está a punto de cerrar el acuerdo con los sindicatos Hoy, esta cifra es el triple. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de estadística, al cierre de 2017 había en España 740.700 asalariados del sector público, lo que representa un 24,1% del total. Es decir, uno de cada cuatro empleados públicos tiene un contrato temporal, pero en tres años apenas deberían ser uno de cada diez.

El pacto podría quedar sellado definitivamente hoy, dando continuidad al acuerdo firmado hace casi un año entre el Gobierno y las principales organizaciones sindicales de los funcionarios (CSIF, CC OO y UGT). De esta forma se pondrá fin a la elevada temporalidad en la función pública, que ha sido una constante en los últimos decenios, con independencia de la situación económica. De hecho, la tasa más elevada de empleados públicos temporales corresponde a 2006, cuando ascendía a más del 27%.

Aunque podría decirse que hay quorum para reducir drásticamente el porcentaje de interinos, la negociación del nuevo empleo público se enmarca en un contexto mucho más amplio, donde también hay que pactar sobre asuntos más delicados, como los salarios. A esto se suma la presión para aprobar cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y evitar que la inestabilidad política bloquee la histórica oferta de empleo público o las prometidas subidas salariales. Si no, al Gobierno sólo le quedaría la opción de aprobar estas medidas por decreto ley. También necesitaría el apoyo del Congreso, del que ahora carece para sacar adelante las cuentas. No obstante, el hecho de llevar las iniciativas por separado, desgajadas de una ley más genérica como son los Presupuestos, obligaría al resto de los grupos a retratarse y votar públicamente a favor de partidas concretas.

En cualquier caso, legislar por decreto no suele estar bien visto por la opinión pública, por lo que desde Moncloa prefieren retomar las negociaciones con Ciudadanos y PNV para tratar de presentar unos Presupuestos con apoyos parlamentarios antes de Semana Santa, a finales del mes de marzo. En esta línea, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro quiere dar un impulso a las conversaciones con los sindicatos y cerrar un gran pacto sobre el empleo público durante los primeros días de marzo, para incorporarlo a los Presupuestos. De esta forma, si la oposición tumbase las cuentas, también quedaría retratada ya que estaría rechazando, entre otras cosas, la subida salarial a los funcionarios pactada con los sindicatos. Para reducir la temporalidad, se prevé que se convoquen hasta 300.000 nuevas plazas públicas y la tasa de reposición aumente hasta más del 100% en los sectores prioritarios, pudiendo alcanzar el 115% en sectores como el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Dentro de esa negociación, que se retoma hoy mismo, CSIF está siendo el sindicato más crítico con las intenciones del Gobierno. Considera que la oferta de subida salarial de Montoro (un 5,25% en tres años, más un extra condicionado al crecimiento) es insuficiente, y ha anunciado movilizaciones. Además, reclama la equiparación salarial de los funcionarios del Estado con los de las comunidades autónomas.

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