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Top 10 del gasto público en España

Desde 2012, el escenario ha estado dominado por los planes de ajuste presupuestario

Madrid.

Tiempo de lectura 8 min.

23 de enero de 2017. 11:43h

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Madrid. 23/1/2017

La Comisión Europea validó el martes el último borrador del plan presupuestario para 2017 que España envió a principios de diciembre. Sin embargo, considera que los cambios de Sociedades y las subidas de impuestos por valor de 7.500 millones de euros aprobadas al inicio de la legislatura podrían no ser suficientes. Y es que Bruselas estima que el déficit público de este año será del 3,3%, dos décimas por encima del compromiso adquirido, lo que obligaría al Ejecutivo a ajustar otros 2.000 millones de euros y a acometer medidas adicionales si fuera necesario para cumplir con el objetivo pactado. Pero el Gobierno confía en que el PIB avance un 2,5%, dos décimas más de lo previsto por la autoridad comunitaria. Y es ahí donde reside la «brecha».

La CE canceló en julio la multa a España por haber incumplido el déficit y otorgó dos años más, hasta 2018, para corregir el desfase por debajo del 3%. La nueva senda fiscal estableció unos objetivos del 4,6% en 2016, del 3,1% en 2017 y del 2,2% en 2018. A cambio, exigió un ajuste superior a los 10.000 millones.

España no puede aferrarse al crecimiento económico para cuadrar las cuentas y cumplir con Bruselas. El problema de déficit se debe, mayoritariamente, al excesivo nivel de gasto. El reequilibrio presupuestario no se logrará exclusivamente mediante incrementos de los ingresos. De hecho, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya avisó a las comunidades autónomas de que la recaudación de este año será 20.000 millones menor que la de 2007.

A la espera de la aprobación definitiva de los PGE, el Consejo de Ministros ratificó un acuerdo de no disponibilidad para adecuar el gasto de 2017 al techo ya fijado en 118.337 millones de euros, lo que supone una reducción de 5.000 millones respecto al del pasado ejercicio.

El crecimiento económico y la estabilidad en los mercados de deuda pública están sirviendo de caldo de cultivo para un aumento generalizado del gasto público. La deuda del conjunto de las administraciones públicas se redujo en noviembre, por segundo mes consecutivo, situándose en el 98,7% del PIB. Economía da por hecho que se logrará el objetivo. Y la meta anual es del 99,4%. Pero ni siquiera la necesidad de alcanzar los objetivos de déficit pactados impide que los Gobiernos autonómicos, y también el propio Estado Central, vuelvan a poner en marcha planes de gasto para los próximos años.

De los últimos datos revisados por Eurostat, correspondientes a 2014, y siguiendo su metodología de gasto funcional, se desprende que España dedica de cada 100 euros de riqueza interna (PIB) 44,5 euros a gasto público cada año, lo que supone algo menos de 450.000 millones de euros anuales para sostener una estructura pública fundamentalmente compuesta por el sistema de Estado del Bienestar (alrededor de 280.000 millones o el 27,8% del PIB), el ordenamiento básico de un Estado (8,6% del PIB), los gastos ordinarios de las Administraciones Públicas (6,9% del PIB) y otros gastos (1,2 puntos de PIB).

Desde el comienzo de la crisis económica, el sector público español ha elevado su gasto en más de 30.000 millones de euros, sin contar con las ayudas públicas concedidas para el rescate de las cajas de ahorros en 2012, que finalmente fueron computadas como gasto y, por ende, como deuda dentro del déficit público. Esta subida fue aún mayor hasta 2012, cuando por primera vez la ratio de gasto público sobre PIB volvió a escalar hasta el 48%, un nivel que no se alcanzaba en décadas y muy cercano a la barrera del 50%, típico de economías donde el peso del sector público supera al del privado.

Sin embargo, a partir de 2012, el escenario ha estado dominado por los planes de ajuste presupuestario. De esta forma, la aplicación de fuertes programas de expansión del gasto público (como fue el «Plan E») y la escalada del desempleo, han dado lugar a significativos recortes en capítulos como subvenciones y promoción cultural, inversión en obra civil o conservación del patrimonio histórico y medio ambiente y, por otro lado, notables incrementos en partidas como la de intereses de la deuda, protección social o pensiones.

No sólo tiene influencia la reciente crisis económica. La estructura del gasto público en España es muy peculiar dada la fuerte descentralización de la Administración Pública y el reparto del poder de decisión en materia de gasto. «Nuestro país es uno de los más descentralizados de Europa y en el que el peso del Estado del Bienestar (la suma del gasto en sanidad, educación, pensiones y ayudas sociales) es de los más altos de las principales economías de la Eurozona». En este sentido, fuentes consultadas sostienen que la capilaridad del gasto público es mayor que en Estados más descentralizados pero, a la vez, resulta más difícil su control ante la aplicación de políticas de reducción del déficit público. Si bien es cierto que la mayor parte del ajuste que reclama Bruselas vendrá por el lado de los ingresos, también lo es que debería acometerse algún recorte del gasto. Pero, ¿cuáles son las partidas presupuestarias que reciben una mayor dotación?

1. Protección social: 17,6% del PIB

Es, con diferencia, el gasto más importante del sector público español. Está compuesto fundamentalmente por el gasto en pensiones (alrededor de 120.000 millones de euros) y por las prestaciones por desempleo (en torno a 20.000 millones de euros). El resto se reparte entre ayudas sociales y otros gastos de apoyo a rentas bajas y coberturas no contributivas. Es, además, la que más potencial de subida tiene en los próximos años debido al envejecimiento y a la longevidad, que ya están haciendo crecer el gasto en pensiones más de un 3% anual. El otro componente –seguro de desempleo– se está reduciendo de forma acelerada gracias a la creación de empleo y, por consiguiente, a la reducción del paro que desde el tercer trimestre de 2013 se está produciendo a buen ritmo. Éste, que es uno de los estabilizadores automáticos más importantes (gastos que crecen en períodos de crisis), volverá a niveles precrisis en 2017. Más de 14 millones de españoles, casi un tercio del total, reciben algún tipo de prestación. La partida de mayor envergadura del gasto público estará dotada este año con más de 191.000 millones de euros.

2. Gastos ordinarios: 6,9% del PIB

Esta categoría engloba el mantenimiento básico de la Administración Pública, basado esencialmente en los sueldos y salarios de los empleados públicos, el coste ordinario de los organismos públicos, el mantenimiento tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo (parlamentos y gobiernos, respectivamente) o la representación de España en el exterior, a través de embajadas, consulados, representaciones permanentes y demás acciones de corte diplomático. En este caso, más que por el efecto de la crisis, la partida crece conforme la nómina de personas a sueldo de la Administración se amplía y sus presupuestos crecen en paralelo a cómo lo están haciendo en la media de la eurozona.

3. Sanidad: 6,1% del PIB

De cada 100 euros de PIB, se destinan al sistema sanitario 6,1 euros anuales. En este sentido, el gasto sanitario crece de forma lenta, pero en relación a las necesidades de una población cuya edad media crece en tres años por década, según indica un informe de la ONU.

4. Inversiones: 4,4% del PIB

España ha pasado de ser el país que más gastaba en infraestructuras a representar uno de los que menos lo hacen. De hecho, la partida de inversión pública es la que más recortes ha sufrido en los últimos años. Y es que en 2014 estaba 10.000 millones de euros por debajo de lo que se gastaba en 2008. De la misma manera se han comportado otras transferencias de capital como son las subvenciones a la agricultura, ganadería y pesca, cuyo sostenimiento depende íntegramente de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

5. Educación: 4,1% del PIB

El gasto en Educación se ha mantenido prácticamente invariable en términos de PIB, por encima de los 40.000 millones de euros a lo largo de los años de crisis hasta 2014. Sin embargo, la política presupuestaria de las comunidades autónomas ha dado prioridad a otras partidas aumentando la deuda, por ejemplo, de las universidades públicas o congelando la dotación de nuevas infraestructuras tecnológicas a los centros de enseñanza.

6. Seguridad: 2% del PIB

La partida de Seguridad engloba el mantenimiento de las infraestructuras institucionales básicas de España «de puertas para adentro»: seguridad interna (Policía, Guarda Civil y cuerpos policiales regionales y locales), el sistema de Prisiones y el Poder Judicial. En este caso, España es de los países que más gasta de sus socios europeos y en el que la dotación para mantener el orden público prácticamente no ha variado a pesar de la crisis económica.

7. Subvenciones y Cultura: 1,2% del PIB

Se trata del capítulo de gasto más castigado, con una reducción acumulada de 7.000 millones de euros desde su máximo que marcó en 2010. En el mismo se incluye el dinero que las diversas administraciones públicas destinan a promoción cultural, la financiación directa o indirecta de las confesiones religiosas, las subvenciones al cine y el coste de los medios de comunicación de titularidad pública.

8. Defensa: 0,9% del PIB

El presupuesto de una infraestructura institucional básica «de puertas para afuera», como es el Ejército, entra con escasamente 10.000 millones en el «top 3», pero por la cola, del gasto público en España. No obstante, es una de las partidas que tienen una mayor probabilidad de incrementarse en los próximos años para cumplir con el objetivo que exige la OTAN de gastar un 2% del PIB anual en defensa exterior. Máxime, teniendo en cuenta las amenazas de Donald Trump de retirar recursos en caso de incumplimiento por el resto de países del bloque.

9. Medio Ambiente: 0,8% del PIB

Este apartado es de los más extensos y heterogéneos, ya que engloba acciones públicas como la conservación del patrimonio forestal (de titularidad pública), el mantenimiento de los Parques Naturales (sean nacionales, autonómicos o reservas de carácter local), la recogida, procesamiento y gestión de residuos (competencia que en este momento tienen las diputaciones provinciales y los consejos de alcaldes) o la inversión en reducción de la contaminación y las infraestructuras rurales, entre otros. Aunque apenas llega al 1%, la variación en los años de crisis no ha sido significativa.

10. Infraestructuras de vivienda: 0,5% del PIB

El último del «top 10» lo compone el gasto en vivienda de protección oficial, ordenamiento urbanístico de los municipios, alumbrado de las calles, acometidas de agua, asfaltado de calles y otros gastos de competencia municipal. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las restricciones severas impuestas por Hacienda a los presupuestos municipales, han reducido a la mitad los recursos destinados a esta partida.

Eficiencia

«No hay que confundir nivel de gasto con efectividad. Y mucho menos con eficiencia. Que España gaste sobre PIB menos que otros países del entorno europeo no quiere decir que gastando menos se consigan de forma más eficaz los objetivos marcados por la política económica». Expertos consultados destacan que comparar en términos de PIB tiene la ventaja de ofrecer una medida sencilla, pero advierten de que puede ser engañosa. Y es que la estructura productiva de España es muy diferente a la de sus socios comunitarios. Y, precisamente, la actual estructura de gasto refleja mejor las preferencias de los españoles, quienes «prefieren tener asegurado un sistema de pensiones con sanidad universal antes que dedicar más dinero a cultura, subvenciones, defensa o incluso a aumentar presupuesto en educación pública», sentencian.

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