Transición energética

El impulso a las renovables y la búsqueda de un modelo sostenible aparecen en todos los programas. El cierre de las centrales nucleares, como proponen PSOE y Podemos, encarecería la factura eléctrica en torno al 20%.

PODEMOS: Garantizaría el acceso a un suministro mínimo

Su Plan Nacional de Transición Energética movilizaría una inversión de un 1,5% anual del PIB durante 20 años. El objetivo pasa por transformar el aparato productivo, el modelo inmobiliario y el sistema de transportes para avanzar hacia una economía baja en carbono y caracterizada por el uso de fuentes renovables. Podemos promete aprobar una normativa que permita el desarrollo del autoconsumo eléctrico; adoptar progresivamente una energía 100% renovable en todas las dependencias de la Administración Pública; realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico; establecer controles efectivos que impidan prácticas oligopólicas y garantizar por ley el acceso a un suministro mínimo. Los de Iglesias promoverían una declaración de la Comisión Europea en la que se identifiquen los costes de transición a la competencia como ayuda ilegal del Estado. También se han comprometido a no autorizar instalaciones de «fracking»; a recuperar las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen; a proceder al cierre paulatino de las centrales nucleares en España y a cerrar, progresivamente, las centrales de carbón.

Psoe: Cerraría las centrales nucleares de 40 años

El PSOE quiere suscitar un amplio consenso sobre la hoja de ruta de la transformación de nuestro modelo energético. Los socialistas instan a reducir las emisiones de dióxido de carbono más de un 40% sobre el nivel de 1990, a mejorar la eficiencia energética en un 2% anual y a superar en 2030 el 70% de participación de las energías renovables en la generación eléctrica. Si ganaran, revisarían la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas e implantarían un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida. Priorizarían el combate contra la pobreza energética y legislarían un marco de cobertura social sobre un servicio mínimo de suministro. En su programa aseguran que aprobarían una Ley de Transición Energética, que la nueva fiscalidad sería verde y ecológica, que promoverían la renovación del parque automovilístico, y que revisarían en profundidad nuestro modelo de movilidad para hacerlo sostenible. Asimismo, impulsarían un marco regulatorio para el autoconsumo y eliminarían las trabas para su desarrollo. También plantean un libro blanco para la reforma del sector eléctrico.

CIUDADANOS: Eliminaría las trabas al autoconsumo

Ciudadanos apuesta por una transición gradual hacia un nuevo modelo energético basado en las renovables en el horizonte de 2050 que, por la capilaridad que ofrece, contribuye a consolidar el tejido empresarial y su desarrollo permitiría a empresas españolas fortalecerse a nivel internacional. Se comprometen a eliminar cualquier traba al autoconsumo, a abrir el mercado nacional a las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía, a promover una simplificación administrativa y a apoyar la implantación de nuevos modelos de negocio. Dentro del marco de competencias autonómicas, fomentarían la generación distribuida. Piensan que el peaje de respaldo es improcedente y que debería regularse un mecanismo de balance neto. Reducir el importe de la factura eléctrica y nuestra dependencia del exterior son objetivos prioritarios, al igual que incentivar el ahorro y la eficiencia energética. También abogan por la liberalización, la competencia, la planificación y la seguridad jurídica. Descartan el «fracking» por los riesgos medioambientales, la escasez de yacimientos disponibles en España y la baja rentabilidad económica de las posibles explotaciones con las técnicas actuales.

PP: Congelaría la factura eléctrica

Además de situar al consumidor como protagonista del mercado energético y de sentar las bases para que España pueda aprovecharse de los avances tecnológicos, el PP se compromete a congelar la parte de la factura que depende del Gobierno y garantiza que no se volverán a generar déficits. Asegura que seguiría mejorando el grado de competencia eléctrica y gasística, y que reduciría los impuestos sobre la generación. También promete terminar el despliegue de contadores inteligentes para 2018 –lo que nos convertiría en el país más avanzado en cuanto a la medición de los consumos de electricidad–. Impulsar las interconexiones eléctricas –de forma que se cumpla el objetivo europeo del 10% de interconexión para 2020–, mantener las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad y culminar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) son algunas de las propuestas populares, quienes mantienen un compromiso firme respecto al cambio climático, por lo que continuarían potenciando la penetración de las «energías limpias». De hecho, las nuevas instalaciones de renovables estarían exentas de IVA.