Transportes admite que el traspaso de Rodalies entrañará dificultades legales pero que no tiene detalles y CC OO y UGT abren la puerta a movilizaciones

El traspaso de la gestión integral de Rodalies a la Generalitat de Cataluña pactado por el PSOE y ERC será largo y muy complejo si, finalmente, se pone en marcha. Eso es lo que vino ayer a trasladar la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez; a UGT y CC OO en sendas reuniones que mantuvo con ambos sindicatos para trasladarles lo poco que, a tenor de lo que comunicaron tras los encuentros los sindicatos, conoce el Mitma del asunto.

Durante el encuentro que mantuvo con la secretaria general del Sector Ferroviario del sindicato, Pepa Páez, para informarle sobre la cuestión, la ministra explicó que, más allá de lo manifestado en el acuerdo, "no existe aún un desarrollo en profundidad", según informó CC OO. No obstante, Sánchez también trasladó a Páez "las dificultades legales de algunos de los puntos en cuestión", por lo que desde el sindicato interpretan que, "de llevarse a cabo el acuerdo, se trat irremediablemente de un proceso largo".

UGT también informó de que en la reunión que mantuvo con una representación de FeSMC-UGT, encabezada por su secretario general, Antonio Oviedo, la ministra les trasladó que el acuerdo entre el PSOE y ERC es "de carácter general y debe considerarse un acuerdo político que no aborda, por el momento, aspectos técnicos sobre cómo se llevaría a cabo este traspaso de competencias entre Estado y Generalitat". La ministra también añadió que todavía no se ha concretado la naturaleza de la entidad que gestionaría la operativa ferroviaria de las Rodalies. En el acuerdo se recoge la creación de una nueva sociedad, Rodalies Catalunya, que sustituiría a Renfe para prestar el servicio de Rodalies con el material y el personal de la operadora estatal y en cuyo consejo habría representación paritaria Generalitat-Estado, si bien el presidente, que tendría voto de calidad, sería a propuesta del Ejecutivo catalán.

Malestar y oposición

Tanto a UGT como a CC OO las explicaciones recibidas desde el Mitma les parecieron insuficientes y, en ambos casos, abrieron la puerta a posibles movilizaciones. UGT advirtió de que contemplan "todo tipo de medidas para defender el actual marco laboral que ampara a los profesionales" de Renfe y "el papel de operador público de referencia que ha venido prestando un servicio público esencial a los usuarios de este modo de transporte". "La responsabilidad y la amplitud de miras forman parte del ADN sindical de esta organización, pero deben sostenerse sobre realidades palpables, es decir, que puedan ser analizadas con rigor, al menos sobre el papel", valoró UGT.

El sindicato también planteó como "premisas innegociables" que "se mantenga la integridad de Renfe Operadora y de la red de infraestructuras ferroviarias, que se garanticen los derechos de los trabajadores y trabajadoras, no sólo los económicos sino, también, los profesionales y de movilidad". "La prioridad son los trabajadores y las trabajadoras de Renfe Operadora", defendió el comunicado. La ministra, añade, aseguró que se compromete a que Renfe "formaría parte integrante de esta nueva entidad, aunque no ha concretado con qué margen de representatividad".

"UGT no va a permitir que se lleve a cabo un proceso de esta envergadura, que afectaría a más de 2.000 profesionales del operador público ferroviario, sin que se detallen muchos aspectos, especialmente de carácter técnico, que actualmente están en el aire", censuró.

En la misma línea que UGT, CC OO aseguró que en la reunión trasladaron a Sánchez su posición contraria a segregar Renfe y Adif ya que entienden que no es la solución a los problemas actuales "además de ser perjudicial para los trabajadores y sus condiciones laborales, presentes y futuras".

Ante ello, Comisiones advierte de que en los Comités Generales de Empresa de Renfe y Adif programados para hoy "plantearán las medidas de presión pertinentes".

CC OO y UGT se suman así al Sindicato Ferroviario y al de maquinistas SEMAF, que la semana pasada ya dejaron la puerta abierta movilizarse en contra del acuerdo para el traspaso del servicio.