Transportes ofrece que la nueva empresa que gestione Rodalies quede bajo el paraguas de Renfe para desactivar la huelga en el ferrocarril

Óscar Puente ha logrado hasta el momento desactivar todas las huelgas que se han convocado en los sectores que gestiona el Ministerio de Transportes desde que es ministro. Y no quiere que la convocada a partir desde el lunes por los sindicatos para protestar por el traspaso de la gestión integral de Rodalies a la Generalitat de Cataluña sea la primera en romper esa racha. Por eso, su departamento trabaja para alcanzar un acuerdo y ha ofrecido a los representantes de los trabajadores que la nueva empresa que gestionará las Cercanías en esta comunidad quede bajo el paraguas del Grupo Renfe.

La propuesta trasladada por Transportes, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN y sobre la que se está trabajando para evitar las protestas, propone que Rodalies Catalunya quede ubicada "dentro del Grupo Renfe a todos los efectos, con respeto y garantía de los derechos laborales, en aplicación del convenio colectivo del Grupo Renfe".

Rodalies Catalunya es la nueva sociedad que gestionará el servicio y estará constituido por 9 miembros, 4 propuestos por Renfe Viajeros y 4 propuestos por la Generalitat de Catalunya, más un presidente con voto de calidad y miembro del consejo, también propuesto por la Generalitat.

Traspaso de la R1

El documento también hace una propuesta para salvar la oposición de los sindicatos a que la línea R1, la primera que se prevé traspasar a Cataluña, sea también desgajada de la Red de Ferrocarril de Interés General (RFIG). Para ello, propone que una vez se produzca el traspaso de la titularidad de la Administración General del Estado a la Generalitat del tramo de la línea 02-276 entre Bifurcación Sagrera (no incluida) y Maçanet-Massanes de la línea R1, la Generalitat "garantizará la interoperabilidad de dicha línea, continuando para ello con la administración integral de la misma por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)".

Este proceso, añade, "se realizará consultando a los representantes legales de las personas trabajadoras". Además, asegura que el traspaso de la titularidad del tramo de línea ferroviario citado "no afectará los derechos sociolaborales de las personas trabajadoras de la entidad pública empresarial Adif".

En cuanto a Renfe Mercancías, cuya privatización parcial con la entrada de MSC también es rechazada por los sindicatos, Transportes se compromete a que los sindicatos tendrán "la garantía de su participación y acuerdo en cualquier cambio del modelo empresarial". No obstante, no desiste de alcanzar un acuerdo con MSC y asegura que se continúa trabajando en la creación de una nueva sociedad que contrate los servicios de tracción y mantenimiento al Grupo Renfe.

La operadora, según Transportes, también se compromete a "realizar las modificaciones necesarias en la gestión del negocio de mercancías que conlleve una mejora tanto en la política comercial como en la ejecución del servicio con la voluntad de mantener e incrementar el perímetro de acción de la Sociedad Renfe Mercancías".

Sin acuerdo

Aunque ayer se celebró una reunión entre representantes del ministerio, Generalitat y sindicatos para intentar alcanzar un acuerdo que desactive la huelga, la convocatoria por el momento sigue en pie.

Los sindicatos consideran que, con la creación de la nueva sociedad para gestionar Rodalies, Transportes ha incumplido los acuerdos que se alcanzaron para desconvocar la primera huelga que convocaron cuando se anunció el traspaso de la gestión y que establecen que Renfe seguiría presentado los servicios de Rodalies y Renfe Mercancías, que se preservaría la integridad de las plantillas en ambas empresas públicas y que se establecerían grupos de trabajo y negociación para adoptar soluciones consensuadas.

Además, consideran que la exclusión de la R1 de la RFIG implica que "ya no estarán sujetas a la normativa de seguridad, operación y material rodante", establecida a nivel europeo y regulada en España por la Ley del Sector Ferroviario y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Todo ello, aseguran, provocará una "disminución de los estándares de seguridad y en la pérdida de interoperabilidad con el resto de la red ferroviaria española y europea", y que al estar financiadas con fondos europeos para mejorar la interoperabilidad ferroviaria en el continente, la exclusión del sistema general "podría derivar en sanciones por incumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos de su concesión".