Las administraciones responden de manera positiva a los nuevos planes de Uber

Taxistas de toda España se han manifestado hoy ante la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para protestar por las últimas decisiones adoptadas por el organismo en materia de transporte. El pasado 21 de enero, Competencia instó al Ministerio de Fomento a cambiar varios de los artículos del Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre (ROTT) que, a su entender, limitan la competencia en el sector. Entre las restricciones que solicita remover está el que sólo se pueda conceder una licencia VTC por cada 30 taxis o que haya que tener una flota mínima de siete vehículos para obtener este permiso. Esta decisión, según los taxistas, pretende “desregular y privatizar el servicio público del taxi y entregarlo a lobbies y multinacionales”, según la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), que ha convocado la manifestación.

Entre esos “lobbies o multinacionales” a los que los taxistas creen que se pretende entregar el servicio está Uber. La plataforma no sólo ha visto reforzados sus planes para retomar su actividad en España con la decisión de Competencia. Sus planes también están siendo bien acogidos por las administraciones públicas. La app que facilita el transporte de viajeros en ciudad volverá a operar en las próximas semanas en Madrid con una nueva aplicación, UberX, que sólo usará conductores profesionales que tengan en su poder la licencia de Vehículo de Turismo con Conductor (VTC). Originalmente, la compañía operaba a través de UberPop. Sin embargo, esta “app” fue suspendida cautelarmente en diciembre de 2014 por un juez de Madrid, tras denuncia de la Asociación Madrileña del Taxi (AMT), porque los conductores de Uber carecían de licencia. Ahora, se amparará en el artítculo del ROTT que permite la actividad de una licencia VTC por cada 30 de taxi para reiniciar sus servicios con conductores que tengan en su poder este permiso. En este momento, en Madrid existen entre 1.500 y 1.700 licencias VTC que podría operar con la nueva aplicación, aunque Uber no facilita datos de los conductores con los que contará. El crecimiento de estos permisos está ahora restringido. Al no crecer el número de licencias de taxi, tampoco puede hacerlo el de licencias VTC.

Aunque Uber considera que no precisa de ningún permiso adicional para lanzar UberX porque es completamente legal, fuentes de la compañía explican que en las últimas semanas han emprendido una ronda de conversaciones con diferentes administraciones locales y autonómicas madrileñas, así como estatales, para explicarles sus planes y contar con su apoyo. Las mismas fuentes aseguran que su propuesta está siendo bien acogida. “La percepción que tenemos es que la gente está empezando a darse cuenta de que nos estábamos quedando atrás en este campo”, añaden. Pese a su cambio de estrategia, Uber no renuncia a poner en marcha en un futuro el servicio entre particulares sin licencia que ofrecía a través de UberPop. “Supone un ahorro económico de un 50% para los clientes y sirve para completar los ingresos de muchos conductores, que trabajan a tiempo parcial”, explican desde la tecnológica. Para la reimplantación de este sistema, será crucial la decisión del Tribunal de Justicia de la UE, que ha de dirimir si Uber es una compañía de transporte o intermediaria, como defiende la plataforma. El matiz no es baladí. Si la considera como intermediaria, exoneraría a sus conductores de la necesidad de tener una licencia VTC, lo que abriría el mercado a cualquier persona que desease colaborar con la aplicación no sólo en España sino en el resto de Europa, pues el servicio entre particulares ahora sólo opera de forma experimental en Vilnius (Lituania). “Los problemas fiscales y de seguros se podrían solventar mediante la creación de una empresa mixta de transporte/intermediación a la que se adherirían los conductores para cumplir con estos requisitos con total transparencia”, explican desde la compañía. De todos modos, en Uber no se hacen ilusiones respecto a la posibilidad de que este servicio esté en marcha a medio plazo. Consideran que la adaptación de las normativas nacionales para acomodar el servicio llevaría bastante tiempo.