Pensiones
La última reforma de las pensiones es "insuficiente", mantiene "trabas innecesarias" y "no va a generar ahorros al sistema, al contrario, aumentará el gasto"
Fedea avisa de los riesgos financieros para el sistema. Critica que la "generosidad" de los incentivos al retraso de la jubilación podría suponer un "peso muerto" para el gasto de la Seguridad Social
Las dudas ensombrecen la última reforma del sistema de pensiones apenas unos días después de su aprobación en Moncloa, con el presidente junto a patronal y sindicatos. Es "insuficiente", mantiene "trabas innecesarias" y "no va a generar ahorros al sistema, más bien al contrario, aumentará el gasto y los costes". Así lo afirma Fedea en su último informe analítico sobre los últimos cambios en el sistema, que afecta principalmente a la compatibilidad entre pensión y trabajo -regula la jubilación demorada y activa, reforma los coeficientes reductores de la edad de jubilación en profesiones de elevada penosidad y peligrosidad y aumenta el papel de las mutuas en el tratamiento de empleados de baja con enfermedades de origen traumatológico. En mayor o menor grado, las consecuencias pueden suponer un mayor coste para el sistema y su insostenibilidad en el medio plazo.
El estudio, realizado por el analista sénior de Fedea y exdirector del Gabinete Económico de CC OO, Miguel Ángel García, muestra las debilidades encontradas en esta última fase de la reforma, de la que Fedea apunta que "existen muchas dudas" sobre los sobrecostes agregados a la situación previa. El acuerdo permitirá que una persona que se acoja a la jubilación activa para seguir trabajando mientras percibe al menos una parte de su pensión tendrá derecho a los incentivos por demora que recoge la normativa. El pensionista recibiría un 4% de incremento de su pensión o una cantidad con una horquilla entre 5.000 y 12.000 euros, dependiendo de los años cotizados, o una combinación de ambas posibilidades, entre otras ventajas. El texto del acuerdo mantiene el porcentaje adicional percibido en el caso de la jubilación demorada en el citado 4% por año completo adicional trabajado, pero se flexibiliza su acceso al permitir cobrar el 2% por semestre, buscando incentivar su uso a quienes no quieren permanecer un año completo adicional.
Fedea avisa de que estas medidas generarían un mayor coste para el sistema al añadir ahora el porcentaje por diferimiento de la jubilación y por el pago realizado en el periodo adicional de trabajo remunerado (entre el 45 y 100% de la cuantía de la pensión). El posible uso de esta nueva modalidad por más personas "aumentaría aún más en términos agregados el gasto futuro en pensiones", apunta el informe. "Habría que analizar con cuidado los efectos financieros de las nuevas medidas para el sistema de pensiones. A falta de un estudio en profundidad, hay motivos para pensar que el aumento en la generosidad de los incentivos podría generar un peso muerto importante, aumentando el gasto sin un efecto proporcional sobre el retraso de la edad de jubilación al que el Gobierno fía en buena parte la sostenibilidad de la reciente reforma".
Para Fedea, estas nuevas normas no van a generar ahorros al sistema de pensiones sobre la situación actual sino que "más bien, los va a aumentar", resultan "insuficientes" al mantener "trabas innecesarias" para compatibilizar el trabajo remunerado con la pensión y se "desaprovecha la oportunidad de establecer condiciones atractivas para las empresas". El acuerdo también mejora la aplicación de la jubilación parcial con contrato de relevo, beneficiando a las empresas, fundamentalmente las más grandes, para rejuvenecer su plantilla sin incurrir en costes de despido, y que sus trabajadores que evitan los coeficientes reductores en su pensión. Pero para García esta medida puede "deteriorar la equidad en el trato de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas".
Además, avisa de que hay que tener cuidado con los efectos financieros de las nuevas medidas, como en el contrato de relevo. El informe apunta que "pueden deteriorar la equidad" en el trato de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. "A falta de un estudio en profundidad, hay motivos para pensar que el aumento en la generosidad de los incentivos podría generar un peso muerto importante, aumentando el gasto sin un efecto proporcional sobre el retraso de la edad de jubilación al que el Gobierno fía en buena parte la sostenibilidad de la reciente reforma". Por tanto, la eliminación de los costes de despido para los trabajadores que continúen trabajando más allá de la edad legal de jubilación o la posibilidad de renegociar sus salarios y otras condiciones laborales, puede tensar aún más la precaria estabilidad financiera del sistema. "Las medidas acordadas en el ámbito de la jubilación parcial con contrato de relevo incentivan un mayor uso de esta modalidad, muy concentrada en las grandes empresas, con el correspondiente incremento de coste para el sistema de pensiones. También genera una pérdida de equidad personal al no estar extendida en la práctica a los trabajadores de todas las empresas porque, sobre todo, las pequeñas empresas no tienen posibilidad de aplicar las condiciones necesarias de reparto de empleo que exige esta modalidad contractual", denuncia el estudio
Según los términos de la reforma aprobada la semana pasada, la jubilación voluntaria demorada permite a los trabajadores por cuenta propia o ajena prolongar su vida laboral, una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación (67 con carácter general y 65 cuando se han cotizado más de 38 años y medio), a cambio de recibir algunos beneficios en su futura pensión de jubilación. La jubilación activa, por su parte, permite disfrutar de la pensión a la vez que el pensionista realiza un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. En ambos casos se puede acceder a esta modalidad de jubilación cuando el acceso a la pensión se haya producido al menos un año después de haber cumplido la edad para el acceso ordinario y se disponga del 100% de la base reguladora, es decir, una carrera profesional completa (37 años cotizados). La cuantía de la pensión a percibir mientras se trabaja es del 50% para los trabajadores asalariados y del 100% para los trabajadores por cuenta propia cuando acrediten tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena. Las nuevas condiciones establecen un plazo de seis meses para revisar la regulación de la jubilación flexible "con el fin de incentivar el acceso a esta modalidad mejorando el porcentaje a percibir".
Para Fedea, aunque la reducción de los obstáculos existentes para la prolongación de la vida laboral ha de valorarse "positivamente por el envejecimiento de la población, pero las medidas adoptadas son "insuficientes" y presentan muchos obstáculos para compatibilizar el trabajo remunerado con la pensión, como la espera de un año para el acceso a la jubilación y la imposición de límites sobre la jornada laboral. El acuerdo también mejora la aplicación de la jubilación parcial con contrato de relevo.
En cuanto al papel de las mutuas colaboradoras -que abre la posibilidad de suscribir convenios entre los servicios autonómicos de salud, las mutuas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para la utilización de los recursos humanos y materiales de las mutuas en situaciones concretas-, estima que podría suponer "ciertas ganancias en la eficiencia" de la gestión de la incapacidad temporal, pero ve "improbable" que pueda reducir significativamente el intenso crecimiento del gasto en esta prestación. En principio y en términos financieros, para el economista de Fedea "existen muchas dudas" sobre que las nuevas medidas no vayan a generar un mayor coste para el sistema de pensiones respecto a la situación previa. En concreto, el informe sostiene que la posibilidad de que las mutuas colaboradoras puedan jugar un papel más importante en la gestión de las bajas laborales por algunas patologías podría suponer "ciertas ganancias en la eficiencia de la gestión de la incapacidad temporal", pero avisa de que es "improbable que pueda reducir significativamente el intenso crecimiento del gasto en esta prestación" y conllevará un aumento de los "costes administrativos", además del crecimiento "significativo" del gasto en esta prestación, que se ha triplicado desde 2000 a 2023, hasta superar los 14.000 millones de euros.
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