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Ultimátum del Gobierno para aflorar empleo irregular

Trabajo obligará a las empresas a regularizar en el plazo máximo de un mes los contratos temporales y a tiempo parcial fraudulentos. Si incumplen la obligación, les enviará a los inspectores y aplicará sanciones más duras

  • El plan contempla reforzar la inspección en Baleares y Canarias durante la temporada alta de turismo / Reuters
    El plan contempla reforzar la inspección en Baleares y Canarias durante la temporada alta de turismo / Reuters

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16 de julio de 2018. 02:53h

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Sergio Alonso 16/7/2018

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El Gobierno tiene previsto endurecer los controles sobre los contratos temporales y a tiempo parcial con el objetivo de erradicar posibles casos de fraude. Para ello pondrá en marcha varias líneas de actuación, ennmarcadas en el Plan Director contra la Explotación Laboral, texto cuyo borrador se acaba de someter a consulta pública. Una de las medidas más drásticas que plantea el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que dirige Magdalena Valerio es conceder un plazo máximo de un mes a las empresas en las que se detecten irregularidades en los contratos para que afloren esta situación y los regularicen. Si no cumplen, la Inspección de Trabajo se lanzará sobre ellas, «adoptando las medidas que resulten preceptivas».

Según el último anexo del último borrador del documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, «las empresas con posibles situaciones de fraude serán objeto de una comunicación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, informándoles de los datos obtenidos, instándoles a revisar su situación y advirtiéndoles de la realización de actuaciones inspectoras de comprobación en caso de no regularización». Para ello, el Ministerio de Trabajo concederá un plazo de 30 días. Después de esta actuación, se iniciará «una segunda fase de comprobación de las modificaciones realizadas por los administrados a través de la herramienta de lucha contra el fraude». El texto añade que «aquellas empresas que continúen con la situación inicial o sólo la hayan modificado parcialmente serán objeto de una actuación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para la comprobación de tales extremos».

El Gobierno se empeña muy mucho en recalcar que para poner en marcha ésta y otras medidas tratará de obtener previamente el consenso y lograr una actuación coordinada con las autoridades laborales de las comunidades autónomas, «tanto por la necesidad planteada por cuestiones competenciales como en aras a obtener una respuesta eficaz en el desarrollo» de los planes contra el fraude en la contratación temporal y los contratos a tiempo parcial.

Campañas extraordinarias

En este sentido, el borrador subraya que en el marco de los convenios de colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la correspondiente comunidad, se podrán establecer campañas extraordinarias autonómicas «con la finalidad de adaptar la actuación inspectora a las peculiaridades propias de cada ámbito territorial, que tengan una incidencia significativa en materias que integran ambos planes de choque».Como ejemplo, Trabajo cita las actuales campañas de refuerzo realizadas en Baleares en los meses de julio y agosto, y en Canarias, en los meses de octubre y noviembre.

En ambas comunidades autónomas se generaliza en dichas fechas la contratación temporal con el fin de atender a los turistas. Trabajo plantea de forma vaga «un reforzamiento sustancial de las actuaciones inspectoras hasta ahora previstas entre los meses de agosto y diciembre de 2018», y recalca que su objetivo es doble: por un lado, regularizar los contratos temporales suscritos de manera fraudulenta o con superación de los límites temporales de duración.

Esto otorgaría mayor estabilidad laboral a los trabajadores y provocaría un efecto disuasorio sobre los empresarios para prevenir prácticas abusivas y fraudulentas. Por otro, trata de atajar contratos a tiempo parcial en los que la jornada declarada en el contrato no se corresponda con la realmente realizada, procediendo también a su regularización. Con ello busca también disuadir prácticas fraudulentas.

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