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Valerio reconoce que en 2019 se tendrá que usar otro préstamo para pagar las pensiones

La ministra de Trabajo asegura que ha afirmado que el año que viene tendrán que tirar «algo» del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para hacer frente a la paga extraordinaria de las pensiones de julio y agosto.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha afirmado que el año que viene tendrán que tirar «algo» del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para hacer frente a la paga extraordinaria de las pensiones de julio y agosto.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha afirmado que el año que viene tendrán que tirar "algo"del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para hacer frente a la paga extraordinaria de las pensiones de julio y agosto y ha pedido "comprensión", porque ha asegurado que se tendrá que utilizar otro préstamo.

Así lo ha señalado la ministra durante su intervención en el acto 'El Ágora de El Economista', donde también ha resaltado que "espera"que ojalá no se agote los 5.000 "y pico"millones de euros que quedan en la hucha de las pensiones. "No me gustaría pasar a la historia como la ministra que agotó la hucha", ha apuntado.

"Necesitamos otro préstamo y tirar algo del Fondo de Reserva, pero tengo esperanza en que las cotizaciones continúen comportándose conforme van y que con la subida de los salarios recogida en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y el aumento del salario mínimo se siga creando empleo a buen ritmo", ha afirmado.

En esta línea, la ministra ha hecho hincapié en que espera no agotar la hucha el año que viene. Así, ha descartado la otra alternativa posible que podría tener para no pedir crédito ni usar lo que queda en el Fondo de Reserva, que implicaría no pagar las extras. "Si lo hiciera, me tendría que ir a una misión intergaláctica", ha bromeado la titular del Ministerio.

Bajo su punto de vista, es necesario ir adoptando medidas y hacer un plan a varios años para que cuando se reciba el impacto de la generación del 'babyboom', "el barco de la Seguridad Social esté en rumbo".

Así, considera que para 2022 y 2023 habrá que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. "Está claro que tenemos que abordar con seriedad el presente y el futuro", según Valerio, que ha abogado por no hacer reformas unilaterales en materia de pensiones, porque "desde que existe el Pacto de Toledo, han dado muy malos resultados".

La ministra ha mandado un mensaje de optimismo a la ciudadanía, porque considera que "claramente el sistema tiene presente y futuro". "Se necesita más empleo, pero también de más calidad, controlar el fraude a la Seguridad Social y reordenar gastos e incrementar ingresos", ha resaltado.

Respecto a cómo se efectuará la subida de todas las pensiones del 1,6% y del 3% de las mínimas acordada con Unidos Podemos, la titular del Ministerio ha subrayado que espera que haya Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2019 y que, en ese caso, la subida se incluiría en las cuentas públicas y se haría con efecto retroactivo. Sin embargo, si los Presupuestos no salen adelante, ha afirmado que el Ejecutivo hará un Real Decreto Ley.

"Hay un acuerdo en el Pacto de Toledo para subir las pensiones según el IPC. Un país como el nuestro tiene que tener en cuenta a los que han trabajado mucho y dejar las pensiones estancadas es un desastre y se ha demostrado", ha asegurado.

La ministra cree que "los sistemas de pensiones tienen que ser sostenibles financieramente, jurídica y socialmente", ya que considera que si no lo son, "se tiene la bronca montada y cuando se tiene la bronca montada en la calle pasa lo que pasa, que no hay gobernante que aguante la presión que implica, ya no solo de la calle, sino de las urnas, el enfado de 10 millones de personas".

Por otro lado, Valerio ha expresado su voluntad de que la jubilación anticipada sea extensible a todos los sectores y no solo a la industria como hasta ahora. No obstante, ha afirmado que antes de llevarlo a los demás sectores, hay que ver cómo se reordena la Seguridad Social, porque las jubilaciones anticipadas cuestan más de 2.000 millones de euros todos los años.