Vivienda, de derrota en derrota

Rosa Luxemburgo (1871-1919), teórica y activista socialista escribió que «la victoria final solo puede preparase mediante una serie de derrotas». La frase apareció en un artículo publicado el 19 de enero de 1919, en el diario berlinés Die Rote Fahne, titulado «El orden reina en Berlín».

Justo al día siguiente, en medio de los tumultos que asolaron la capital germana, fue asesinada. Aquellas palabras, con el paso del tiempo se popularizaría como «de derrota en derrota hasta la victoria final».

Han sido atribuidas, de forma sucesiva a Churchill (1874-1965), Mao Zedong (1893-1976) e incluso al Ché Guevara (1918-1967), entre otros. La vivienda es uno de los grandes problemas de la economía española. Los avatares del sector en los últimos tiempos podrían definirse con esa expresión, «de derrota en derrota», con el añadido de que nada presagia una victoria final, sino una catástrofe aún mayor.

El panorama de la vivienda en España empeora día a día, casi siete años y medio de la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez, de la mano, entre otros, de los entonces «podemitas» de Pablo Iglesias. Para ellos, la vivienda había sido uno de sus estandartes, una de sus grandes reivindicaciones, y también la promesa de solucionar el problema. Desde entonces, la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, no solo se ha encarecido y se encarece día a día, sino que cada vez hay menos viviendas disponibles y las que existen, por distintas razones están fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos.

Ada Colau, que hizo carrera política al frente de las movilizaciones antideshaucios, implantó unas normas en Barcelona, cuando fue alcaldesa, que empeoraron la situación hasta límites insospechados.

Iglesias en su momento y luego sus sucesoras, tanto Yolanda Díaz, como Irene Montero o Ione Belarra, obligaron al Gobierno de Sánchez a aplicar medidas como la declaración de zonas tensionadas que redujeron la oferta de alquiler y la encarecieron.

La entrada efectiva de esas medidas dependía de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y allí donde están en vigor la situación no ha hecho más que empeorar. Ahora también se van a aplicar en Vizcaya y Guipúzcoa, con la anuencia del PNV de Aitor Esteban y el lehendakari Pradales y, por supuesto, el aplauso de los de Otegi de Bildu.

La última ocurrencia es la propuesta que baraja el Gobierno de Sánchez de prohibir la compra de una vivienda si no es para destinarla a vivienda habitual del comprador. El socialista Jordi Sevilla, ministro en tiempos de Zapatero, ha sido contundente: «es un puñetero disparate».

El propio Sevilla, en un artículo en el diario Cinco Días va todavía más allá: «si tu socio de Gobierno no te deja resolver el primer problema del país, ¿para qué quieres estar en el Gobierno con ese socio?».

El fracaso de la política de vivienda es obvio y achacable, tras siete años y medio de Gobierno, a Sánchez y a sus socios. También constata que la hiperprotección de los colectivos vulnerables, no solo mejora la situación, sino que la empeora en el capítulo del alquiler.

Los propietarios –particulares y empresas–, temerosos de inquilinos que se declaren vulnerables, no paguen y no puedan ser desalojados, retiran viviendas del mercado o ponen condiciones y precios al alcance de muy pocos.

Hay más elementos que explican una situación tan catastrófica. El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, dirigido por José María Rotellar, acaba de alumbrar un informe que precisa que «la escasez de suelo disponible, la complejidad regulatoria y la elevada fiscalidad son algunos de los factores que explican la actual tensión de precios en el mercado inmobiliario español».

Hay datos reveladores. «El trámite de un proyecto de construcción toma de media º16 años», apunta Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España. Es el resultado de «las trabas burocráticas y medio ambientales», según el diagnóstico de los expertos que ha dirigido Rotellar, integrado por Pedro Schwartz, Francisco Cabrillo, Jaime García-Legaz, Gregorio Izquierdo, Fernando Merry del Val, Javier Fernández Lasquetty y Pedro Cortiñas.

Recomiendan, entre otras cosas, ampliar la disponibilidad de suelo urbanizable, reducción de burocracia, revisar la normativa medioambiental, evaluar los efectos de los controles de precios y cuotas de vivienda, reforzar la seguridad jurídica en el mercado de la vivienda y reducir o incluso eliminar algunos impuestos vinculados a la vivienda. Son medidas de corte liberal. Pueden ser discutibles, pero son una alternativa a las intervencionistas actuales ya fracasadas, que no conducen a aquella «la victoria final» que soñaba Rosa Luxemburgo.