Las viviendas españolas envejecen: su edad media supera los 43 años

El parque de viviendas usadas en nuestro país no deja de envejecer, ya que la media de edad en España se sitúa en los 43,5 años, según muestra un informe realizado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). En este sentido, las principales deficiencias que presentan los inmuebles o edificios de vivienda usada son la falta de ascensor en el 32,08% de los casos, poco espacio exterior (24,91%), falta de aislamiento térmico (23,74%) y la ausencia de rampas (19,25%).

Estos datos “evidencian el déficit de inmuebles energéticamente eficientes y poco o nada accesibles para las personas con movilidad reducida o personas mayores en el actual mercado inmobiliario”, señala el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, José María Alfaro. Tanto es así, que el 80% de los edificios españoles obtienen un grado de eficiencia energética muy bajo, con una calificación E, F o G, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

No obstante, las agencias inmobiliarias sí están percibiendo un aumento en la demanda por parte de los compradores de este tipo de viviendas, concretamente, uno de cada tres. En la mayoría de casos, si no existe demanda, esto se debe a la falta de oferta existente de viviendas sostenibles y de accesibilidad, remarca Alfaro.

Por tanto, “uno de los retos a los que se enfrenta el sector inmobiliario es la necesidad de recuperar los centros urbanos construidos en los años 70 y 80 y que la vivienda sea más eficiente energéticamente y mantenerla en buenas condiciones, tanto desde el punto de vista de seguridad como del de confort y accesibilidad”, señala el presidente de FAI. En lo que respecta a aumentar y mejorar la oferta y calidad del laque de viviendas, Alfaro sostiene que “la rehabilitación del parque de vivienda pasa por la articulación de medidas eficientes y bien coordinadas entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos”.

Asimismo, el presidente de esta federación propone que, más allá de los préstamos subvencionados a las comunidades de propietarios, las administraciones publicas faciliten ayudas económicas directas al arrendador y bonificaciones en el IBI e IRPF. Estas ayudas irán dirigidas a aquellos que "destinen esas viviendas rehabilitadas al alquiler habitual de larga estancia, e incluso si se alquilan por un precio de renta no superior al índice máximo por zona que la Ley de Vivienda pretende establecer".