Yolanda Díaz busca "fórmulas alternativas" para elevar las sanciones del registro horario contra la empresas

El Ministerio de Trabajo mantiene abierta la consulta pública previa sobre el proyecto de real decreto para la reforma del registro horario, que busca que se precise cada tipo de tiempo de trabajo registrado, si son horas efectivas, de disponibilidad o extraordinarias, para mantener un control de jornada extensible a una reducción de jornada tras el rechazo del Congreso al proyecto de ley donde se incluía. Su objetivo es obligar a registrar toda la jornada y determinar "si el tiempo de trabajo es efectivo o de disponibilidad, o si las horas son ordinarias o extraordinarias" para identificar más incumplimientos con las consecuencias que legalmente procedan. El objetivo final de la ministra es controlar a través de este registro la jornada laboral y lograr en la práctica una reducción de jornada en diferido.

El Ministerio pretende que las empresas no puedan usar las horas extraordinarias para hacer un abuso en las jornadas ya que el registro horario digital no es manipulable y es accesible, interoperable y en remoto para la Inspección de Trabajo. El reglamento obligará a las empresas a disponer de un registro horario en el que el trabajador incorpore el inicio y fin de la jornada, así como los descansos y pausas, con el objetivo de totalizar el conjunto de horas a final de mes y a partir de ahí ver si hay horas extraordinarias. Desde Trabajo consideran que un registro "eficaz" permitará a la Inspección de Trabajo hacer un control "masivo" y "cotidiano" a las empresas, para que la jornada efectiva de trabajo pueda bajar más de lo que se iba a lograr con la rebaja de jornada a 37,5 horas y, por tanto, lograr una reducción de jornada en la sombra.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tampoco quiere renunciar a que se actualicen las multas con el nuevo reglamento de control horario, pese a que reconoce que el reglamento no puede aprobar esta actualización. El proyecto de ley para reducir la jornada laboral contemplaba multas de hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada. Sin embargo, aunque sabe que el incremento de las sanciones es una de las limitaciones que tendrá este desarrollo normativo al no haber prosperado el proyecto de ley, fuentes consultadas por LA RAZÓN aseguran que "se están buscando fórmulas alternativas para elevar las sanciones", pese a reconocer que "no se puede ir más allá de lo que permite una ley de rango superior". Según esta fuentes, entre otras opciones, se estaría barajando obligar a las propias empresas a activar reglamentos internos para sancionar a los trabajadores que no cumplan con el control horario.

Trabajo advierte ya de que las patronales CEOE y Cepyme van a impugnar la normativa en los tribunales "al igual que ha hecho con todos los reglamentos", pero advierten que esta normativa tiene una "base legal impoluta" y esperan que no sea atendido este recurso. Tampoco han querido desde Trabajo precisar los plazos que maneja para su aprobación. Solo se sabe que cuando finalice la consulta pública, el 26 de septiembre, se desarrollará el texto ya articulado con las alegaciones del trámite legal y se sacará a audiencia pública para informar a los ministerios competentes en la materia y a los órganos consultivos, que son el Consejo de Estado y seguramente la Agencia de Protección de Datos. Tras ello, se deberá informar a los órganos colegiales (Comisión de Asuntos Económicos y Comisión de Secretarios de Estado) y, una vez la Comisión de Secretarios de Estado le dé el visto bueno, irá al Consejo de Ministros, donde se aprobará y enviará directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) sin necesidad de convalidación. Ese será el momento en el que las patronales podrán presentar sus recursos. "Sabemos que la CEOE dará batalla jurídica, porque siempre la dan para impedir reformas que ellos entienden que ponen en peligro algunas de la prerrogativas de los empresarios", han reconocido fuentes ministeriales.

Desde el Ministerio se advierte a las patronales de que las ayudas económicas a las pequeñas y medianas empresas que se contemplaban en el proyecto de ley para recortar la jornada no estarán en el desarrollo reglamentario del registro horario porque no tiene el rango para poder hacerlo, aunque ha recordado que en Trabajo "siempre" han estado dispuestos a estas ayudas a pymes. Además, aseguran que la normativa garantizará la protección de datos y que este no será un problema "adicional", ya que quieren incluir a la Agencia de Protección de Datos en el órgano consultivo de este desarrollo reglamentario.