Yolanda Díaz elevará las multas a las empresas por encima de los 10.000 euros por incumplir el registro horario

Una de cal y otro de arena o la fábula de la zanahoria y el palo. Esa parece ser la nueva estrategia que desde ayer parece haber puesto en práctica la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A la concesión a CEOE y Cepyme de su petición de mantener una negociación bipartita con los sindicatos para negociar la reducción de jornada hasta las 37,5 horas –eso sí, bajo la lupa ministerial–, le siguió la advertencia por parte del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, de que elevarán las sanciones sobre las empresas que incumplan la nueva normativa que se apruebe.

Así, Pérez Rey ha dado manga ancha a los agentes sociales en la configuración de la reducción de jornada, pero les puso como condición incorporar a la mesa la modificación del registro horario «para que sea más eficaz» y para que esa reducción del tiempo de trabajo «la puedan disfrutar los trabajadores sin que haya ningún tipo de elemento o cortapisa o fraude». Y para garantizarlo avisó de que ya está preparando un nuevo baremo sancionador para las empresas que incumplan este registro. Según justificó, las sanciones en materia de tiempo de trabajo contempladas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) «no son suficientemente disuasorias para evitar conductas incumplidoras», por lo que endurecerlas «forma parte también de las perspectivas reformadoras» del Gobierno.

Desde el 12 de mayo de 2019 es obligatorio el registro diario de la jornada de los trabajadores, que debe incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. En caso de incumplimiento, la cuantía de la sanción puede ir desde los 751 euros, si es considerada leve, o llegar a los 7.500 euros, si llega a calificarse como grave. Esto en el caso de que se sancione directamente a la empresa. Pero el cambio de criterio efectuado en la reforma laboral de Yolanda Díaz habilitaría a que las multas pudieran efectuarse por cada trabajador de la empresa. En este caso, la horquilla sancionadora oscila actualmente entre los 1.000 y los 10.000 euros. Ese es el baremo que pretende actualizar al alza el Ministerio de Trabajo. Es decir, que cada incumplimiento del registro podría conllevar una multa por encima de los 10.000 euros por cada incumplimiento en el caso más grave, informaron a LA RAZÓN fuentes de la Inspección de Trabajo. Por tanto, si en una empresa se detectan 10 incumplimientos, el castigo superará los 100.000 euros.

Tal vez por ello, para no tensar demasiado la cuerda de nuevo, Trabajo decidió ayer aceptar el diálogo bipartito entre patronal y sindicatos para negociar la reducción de jornada, aunque, «naturalmente, el Gobierno caminará de manera paralela a los interlocutores sociales para ver cuáles son los avances de ese diálogo bipartito y cómo vamos avanzando en esta línea de alcanzar en 2025 el objetivo del programa de coalición, que es bajar a las 37,5 horas en 2025», avisó Pérez Rey, que también dejó subrayado durante la reunión cuáles son sus objetivos finales para controlar que las compañías cumplen con la normativa que se apruebe. «Queremos que el registro horario sea un instrumento eficaz que permita a la Inspección de Trabajo actuar de manera contundente y práctica en todos aquellos sectores donde se producen los incumplimientos».

Así, el Ministerio ya trabaja en un plan integral de aplicación de la nueva normativa, que incluye un programa especial de control del registro horario en las empresas. Sin embargo, fuentes de la Inspección de Trabajo confirmaron a LA RAZÓN que la aplicación de un plan especial de actuaciones en este sentido «será imposible con los recursos actuales. Llevamos años reclamando que se mejoren los efectivos de la Inspección y hemos sido ignorados. Solo hemos recibido más trabajo, pese a que está firmado por la propia ministra en el Plan Estratégico. Si ahora nos piden más actuaciones, no será posible llevarlas a cabo». El Departamento que dirige Díaz se ha limitado a asegurar que «ahora mismo, no se estima que se vaya a aprobar un refuerzo de plantilla para llevarlo a cabo. Todavía es pronto».

Desde la patronal se sigue demandando que «no aceptaremos que venga una señora a imponernos su criterio porque es su hito y medida estrella». También volvieron a recalcar el error de base de esta negociación «de que se plantee de manera generalizada. No decimos que no se puede reducir la jornada, sino que debe negociarse sector a sector».