Vuelta a la carga con la reforma del despido. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ya dio un portazo a la mesa del diálogo social al no conseguir el apoyo de las patronales CEOE y Cepyme, ha dado otro paso para sacar adelante «su» reforma o, al menos, una parte de ella. De momento, el Ministerio ha iniciado el trámite de audiencia pública del anteproyecto de ley con el que pretende restringir al máximo las causas de despido y ampliar las opciones de recurso de los empleados, a los que incluso incrementa los derechos laborales si deciden denunciar infracciones normativas y de corrupción cometidas en sus empresas.

Según explican fuentes ministeriales, se refuerza lo dispuesto en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ya en vigor desde 2023 y que es resultado de la transposición de una directiva europea. La norma tiene varias novedades, todas ellas destinadas a la protección del trabajador, sin que haya ninguna ventaja conocida para el empresario. La primera de ellas tiene que ver con la imposibilidad de un despido si el trabajador ha denunciado actuaciones ilegales de la empresa, por lo que el cese, si se produce, tendrá carácter nulo. Díaz va más allá de la ley de 2023 y, si sale aprobada, se podrían aducir razones de seguridad jurídica y de eficacia del marco normativo de protección del informante para impedir la salida de la empresa, al reforzarse las «garantías de indemnidad de la persona informante en el ámbito laboral». Trabajo apunta que conviene tener presente la jurisprudencia que niega la posibilidad de calificar como nula la extinción sin causa de un contrato de trabajo, salvo que exista algún elemento específico que lo justifique claramente.

Para poder cambiar estos preceptos se modificarán varios artículos del Estatuto de los Trabajadores para que el despido del trabajador informante sea declarado nulo, pues la actual respuesta del sistema «solo se circunscribe a garantizar la percepción de la indemnización prevista para el despido improcedente». La intención ministerial es «asegurar la indemnidad» de los trabajadores informantes, para los que se activa la «prohibición o nulidad de todo tipo de represalias que puedan ser adoptadas en el ejercicio del poder de dirección empresarial». También se pone coto a los despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor, a lo que la nueva norma permite fundamentar una demanda en su contra «cuando tenga por objeto represaliar a los trabajadores informantes de infracciones o de corrupción en sus empresas».

Asimismo, el anteproyecto aumenta la protección de los trabajadores en periodo de prueba, ya que la resolución laboral a instancia empresarial «será considerada nula en el caso de las trabajadoras por razón de embarazo o maternidad o con ocasión de una revelación o presentación de información o comunicación, salvo que concurran motivos no relacionados con estas actividades».

Pero el objetivo de Díaz de sacar adelante esta nueva reforma puede volver a quedarse en nada por el bloqueo parlamentario del Gobierno, después de que ya descarrilara en el diálogo social. El pasado mes de septiembre, apenas una semana después de la derrota parlamentaria de la reducción de la jornada laboral, Sumar ya sondeó en el Congreso la reforma de la indemnización por despido con una proposición no de ley con la que buscaba la introducción de criterios subjetivos para el cálculo de la indemnización. El resultado fue el esperado, un nuevo revés con la oposición de PP y Vox y el plante de Junts en forma de abstención. Ahora, la situación es aún peor y Junts ya ha confirmado que no lo apoyará.