La Iglesia busca equidad, no privilegios

Si era un clásico de la izquierda socialista española alentar campañas contra la Iglesia Católica cuando llegaba al poder –también, por supuesto, durante los períodos de propaganda electoral– que, a medida que transcurría la legislatura, quedaban, fundamentalmente, en nada, las circunstancias actuales, con el Gobierno del PSOE condicionado por la ultraizquierda de Unidas Podemos, plantean un escenario muy comprometido para la Conferencia Episcopal Española, que no sólo debe hacer frente desde un punto de vista moral y ético a un corpus legislativo cada vez más alejado de los valores tradicionales del cristianismo, que son, no lo olvidemos, los que han conformado el modelo de sociedad occidental, sino que se ve expuesta a medidas discriminatorias que atentan directamente a su viabilidad económica y a la libertad de ejercicio de sus instituciones en el campo educativo.

En realidad, si no se entiende la obsesión de un amplio sector de esa izquierda llamada progresista por contender con la Iglesia en asuntos que incumben a las creencias personales de los individuos, en las que los poderes públicos nada tienen que hacer, menos se comprende el trato arbitrario y la falta de equidad con respecto a otras confesiones presentes en España. Si mal está que se haya reinterpretado en un sentido laicista radical el principio de aconfesionalidad del Estado, que es el que se contempla en nuestra Constitución, peor parece la parcialidad del Ejecutivo, sobre todo, cuando opera desde una pretendida prepotencia moral.

No queremos, sin embargo, ocultar que los gobiernos socialistas han procurado atenerse a los acuerdos Iglesia- Estado firmados con El Vaticano en sustitución del Concordato, por más que el PSOE haya estado detrás de muchas de las acciones, preferentemente simbólicas, contra la presencia del catolicismo en la vida pública española. Presencia que, como no puede ser de otra forma, todavía impregna muchos ámbitos de las relaciones sociales y, aún, del propio imaginario español. De ahí que sea bienvenida, como hoy publica LA RAZÓN, una estrategia gubernamental que busca apartar a sus socios de Unidas Podemos en los procesos de toma de decisiones que tengan como interlocutor a la jerarquía eclesial. La mera referencia a la inaudita campaña sostenida por la ultraizquierda a costa de la titularidad de la Catedral de Córdoba nos exime de mayor comentario.

Y lo mismo reza para la cuestión del pago del IBI, que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se plantea como una retirada de privilegios, en línea con la política francesa, y una equiparación de la fiscalidad, cuando, en puridad, hablamos de una actuación claramente discriminatoria con respecto a otras instituciones sociales. El pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, en lo que se refiere a las propiedades eclesiásticas, viene regido por la Ley de Mecenazgo de 2002, que exime del citado impuesto a todas aquellas organizaciones que realicen una función reconocida como un servicio al conjunto de la sociedad. Entre ellas, por ejemplo, la UGT o el Museo del Prado.

De hecho, la Iglesia española ya paga el IBI de aquellos inmuebles que no están directamente relacionados con la labor pastoral, como las viviendas de los sacerdotes. Probablemente, pueden darse situaciones que no estén bien clarificadas, puesto que los servicios que prestan las instituciones religiosas abarcan un abanico amplio de actuaciones que van desde la orientación a los inmigrantes hasta el cuidado de enfermos desahuciados sin recursos, que no se ajustan a un catálogo de prestaciones al uso. Así que, por más que guste mucho a su parroquia progresista apretar económicamente «a los curas», el Ejecutivo está obligado a actuar desde el exacto cumplimiento de la Ley, que obliga y protege a todos.