Abusos en Baleares: Iglesias no da la cara

Unidas Podemos forma parte de la coalición de izquierdas que gobierna en Baleares, donde se han producido graves hechos contra la integridad física y moral de un número significativo de menores acogidos en régimen de tutela por los servicios sociales de las islas. El sórdido asunto saltó a los medios de comunicación tras la violación grupal de una niña de 14 años en la Nochebuena pasada, violación que, según todos los indicios, ocultaba una red de prostitución de los menores tutelados que operaba desde hace años en varios de los centros de acogida, tanto de Mallorca como de la isla de Menorca, sin que los indicios detectados por algunos trabajadores sociales se hubieran traducido en las pertinentes actuaciones penales.

Tras el conocimiento público, los responsables del Gobierno balear optaron por endosar la responsabilidad a los jueces y a las Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que motivó la protesta formal de los aludidos, a quienes en ningún caso se les había dado traslado desde la Consejería de Asuntos Sociales de unas sospechas extendidas en el ámbito de esos mismos centros de acogida que se demostraban incapaces de impedir las continuas ausencias de los menores tutelados, algunos de ellos con problemas añadidos de consumo de sustancias estupefacientes. Ante la gravedad de los hechos, los partidos de la oposición en Baleares reclamaron la constitución de una comisión de investigación en la Cámara autonómica que fue rechazada de plano por los partidos de la coalición de Gobierno, PSOE, Mes y Podemos, bajo el mismo argumento de que el problema ya estaba en manos de los jueces que utilizó la ministra de Igualdad, Irene Montero, para no tener que pronunciarse.

Valga este largo preámbulo, en el que hemos expuesto sucintamente los hechos conocidos, para enmarcar el escenario de silencio administrativo en el que los representantes del Partido Popular y VOX han interpelado al vicepresidente Pablo Iglesias, como máximo responsable del área de políticas sociales y directamente concernido en la protección de la infancia. Por supuesto, Iglesias no sólo no dio explicación alguna sobre los delitos denunciados ni expuso las medidas correctoras que había adoptado su Departamento, sino que decidió que la mejor defensa de lo indefendible era pasar al ataque y, ciertamente, se empleó con una virulencia digna de mejor causa. Tiró del manual de dialéctica marxista, pero en la versión más cutre, y no ahorró insultos, insinuaciones malvadas, juicios de intenciones y argumentaciones ad hominen, en las que llegó a mezclar a la Iglesia católica, sin olvidar, claro, tildar de fascista a la diputada de VOX.

Si el fondo de la intervención del ministro fue deplorable, el tono faltón, sobrado de decibelios y sobreactuado, nos obliga a una preocupante reflexión sobre la actitud de algunos miembros del actual Gobierno, que lejos de asumir su papel en un sistema democrático de división de poderes, tratan de deslegitimar a la oposición parlamentaria desde la caricatura sectaria. Ya fue penosa la intervención de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras la reunión celebrada entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, en la que, simple y llanamente, se descalificaba al líder popular, convertido en reo de todos los males, porque no se avenía a aceptar las trágalas que se le proponían. El vicepresidente puede gritar todo lo que quiera en la Cámara y en las calles, pero es el principal dirigente de un partido político que cogobierna en la comunidad balear y que, por lo tanto, tiene responsabilidad directa en lo que está ocurriendo con los menores bajo tutela. Y, por encima, está la responsabilidad del Ejecutivo de la nación. Y frente a esa realidad no hay dialéctica marxista que valga.