El deber de sumar en el País Vasco

La disputa por unos puestos en las listas electorales no puede ser más descorazonadora para quienes en el resto de España observan con preocupación y desasosiego cómo el separatismo avanza y se blanquea a los asesinos etarras.

P. GutierrezLa Razón

Habría que preguntarle al presidente del Partido Popular vasco, Alfonso Alonso, qué parte del acuerdo de coalición electoral con Ciudadanos supone la desnaturalización o la renuncia a los principios políticos e ideológicos que siempre han conformado la identidad de una formación, por otra parte, de trayectoria impecable en la defensa de la Constitución, la libertad y los derechos humanos. Una lucha que ha pagado con la sangre y el sufrimiento de demasiados compañeros, cuyo recuerdo y memoria no son sólo timbre de orgullo, sino exigencia mayor en el servicio público y en la entrega a los ciudadanos. Y habría que preguntarle, porque en ese acuerdo, la dirección del PP no sólo ha conseguido mantener las siglas, sino que los negociadores naranjas renunciaran a sus posiciones más maximalistas con la aceptación del concierto económico vasco «como instrumento vigente para asegurar la libertad, estabilidad, cohesión y desarrollo de los ciudadanos del País Vasco».

Es decir, el reconocimiento de la raigambre foralista que conforma la esencia del partido y que, por supuesto, no es más que otra forma de sentirse español. A nuestro juicio, ese era el obstáculo que podía justificar razonablemente el rechazo a presentar una candidatura unitaria con Ciudadanos, y el que, entre otras cuestiones, impide la extensión del pacto a un partido constitucionalista como VOX, que rechaza el principio foral. Sin embargo, Alfonso Alonso considera como casus belli que en la composición de las listas electorales el acuerdo conceda dos puestos de salida a candidatos de Ciudadanos, por entender que se trata de un acto de generosidad excesivo que, dicho sea de paso, perjudica a quienes ya daban por sentado la obtención de un escaño en el próximo Parlamento autónomo.

En definitiva, la habitual disputa por unos cargos de representación, que anteponen el personalismo por encima de los intereses generales, pero que, en el caso del Partido Popular, y en el escenario del País Vasco, no puede ser más descorazonador para quienes en el resto de España observan con preocupación y desasosiego cómo el separatismo avanza y se blanquea a los asesinos etarras con la aquiescencia interesada de un Gobierno convertido en rehén de su minoría parlamentaria.

Tal vez, la actuación de la dirección popular en Madrid y, sobre todo, la del secretario general del partido, Teodoro García Egea, que es quien ha llevado la dirección de las negociaciones, podía haber sido mejor, pero eso no justifica el espectáculo agrio y el enfrentamiento público que está protagonizando Alonso, a quien todavía no se ha confirmado como candidato, más aún, cuando todavía hay una semana de tiempo para ajustar los acuerdos. En cualquier caso, el daño para los intereses electorales del constitucionalismo en las Vascongadas ya está hecho y lo peor es que se trata de un daño gratuito. Hay otra consideración que se podría hacer al presidente del PP vasco sobre la facultad que tienen la dirección popular y su presidente, Pablo Casado, para marcar la estrategia general de un partido de implantación nacional, que aspira a gobernar y que, por lo tanto, tiene que ir más allá de las condiciones locales, por muy significativas que estas sean.

Porque lo que, quizás, no tiene demasiado en cuenta Alfonso Alonso es que los acuerdos de coalición con Ciudadanos no se limitan al País Vasco. Y que si en el territorio foral el partido naranja sólo obtuvo 13.000 votos en las últimas elecciones generales –por 103.821 del PP y 28.659 de VOX–, en Cataluña, donde Génova aspira a repetir el acuerdo, la situación es inversa, con Ciudadanos en mejor posición y el papel de ceder. Con todo, hay que esperar que las parte enfrentadas absurdamente recapaciten y las aguas vuelvan a su cauce. Porque es mucho lo que se juega España en las Vascongadas.