La epidemia demanda atención plena

El sentido común y la más mínima cautela dictan que debemos estar preparados para un escenario complejo y grave como el que cabe prever frente a un enemigo, el coronavirus, con una tasa de contagio tan alta y con un mecanismo de transmisión desconocido»

Ariel SchalitAP

Con más de 2.400 fallecidos y 77.000 contagiados en China, otros mil infectados fuera del país de la zona cero, entre ellos más de cien en Italia, con tres muertos, decenas de miles de personas en cuarentena en el país transalpino y millones en el mundo y la emergencia sanitaria internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud, es obvio que estamos ante una crisis de dimensiones más que preocupantes, de alcance desconocido y que implica a todo el orbe, incluido claro España. En este caso, aún más desde que el COVID-19 ha sido capaz de llegar desde Wuhan hasta unos cientos de kilómetros de nuestras fronteras, algo lógico en un mundo global, pero escasamente tranquilizador. Por lo tanto, lo más relevante es no relativizar los riesgos ni entender que nuestra pequeña península es una especie de burbuja inmune. El Ministerio de Sanidad confirmó ayer que el país está libre del coronavirus y que no hay ningún caso –aunque sí dos sospechosos en Baracaldo–, además de que no se plantea el cierre de fronteras y que contamos con los correspondientes protocolos de actuación con las comunidades autónomas y las comunidades científicas para actuar ante potenciales episodios de riesgo. Consta además que los flujos de información con los gobiernos regionales son adecuados. Esa es la cara de la moneda, o al menos el discurso oficial de nuestras autoridades sanitarias que únicamente admiten «inquietud» por el estallido italiano, pero a continuación compensan con que se han impuesto medidas de control «muy estrictas y muy importantes». Y así lo parece. Pero también es verdad que existe la impresión de que no se cuenta todo o porque no se sabe o porque no se quiere para controlar daños y minimizar la angustia. El caso es que hace unas semanas este COVID-19 era poco menos que una gripe para nada comparable al Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS) y hoy ya ha superado a este en pérdida de vidas en todo el planeta. Hace poco más de 15 días, el Ministerio de Sanidad aseguró que la epidemia tenía «posibilidades de empezar a remitir», que había que ser realistas y «ver que esta enfermedad se transmite poco entre personas y que solo se ha producido una transmisión comunitaria en Wuhan» y que estaba en duda que el virus se contagiara de forma asintomática, que es una posibilidad cada vez mayor, según los expertos. Ayer, desde el departamento que dirige Salvador Illa se planteó que España debe informar «cada vez más y mejor». Absolutamente de acuerdo, como es obligado en una democracia madura como la nuestra. El sentido común y la más mínima cautela dictan que debemos estar preparados para un escenario complejo y grave como el que cabe prever frente a un enemigo con una tasa de contagio tan alta y con un mecanismo de transmisión desconocido. Podría ser a través del contacto directo (estornudos, tos e inhalación de gotas) pero también de forma indirecta, al tocar objetos que hayan estado en contacto con el virus, o la ingesta de alimentos y animales infectados. Y más todavía cuando ni siquiera resulta incontrovertible a día de hoy que la tasa de mortalidad sea ese 2% precisamente por el oscurantismo con que se ha manejado esta crisis. España tiene un magnífico sistema de salud, con excelentes profesionales y medios, modelos de prevención y protocolos de actuación. La confianza es plena. Pero también se necesita liderazgo político y dedicación exclusiva. El perfil del ministro Salvador Illa no era el adecuado para dirigir un departamento tan específico, pero las cuotas territoriales pesaron demasiado. Por el momento, y afortunadamente, España ha pasado de puntillas por la epidemia, pero eso puede cambiar, como ya ha ocurrido en Italia. Entonces, Illa deberá tener la cabeza en una sola mesa, la del Ministerio, y no, por ejemplo, en el contencioso catalán, que desgasta lo suyo. Su responsabilidad pública es solo una y se corresponde con la nómina que cobra del dinero de todos los españoles.