Medidas enérgicas, mejor cuanto antes

Con la cautela debida al caso, las noticias que vienen de China y que dan cuenta de la caída de los contagios de coronavirus en el mismo centro de la epidemia, con una reducción drástica del número de fallecidos, permiten afrontar el futuro inmediato con cierto optimismo, pero siempre que se haga una lectura correcta de la estrategia de contención y mitigación adoptada por Pekín, una vez que las autoridades comunistas se vieron obligadas a reconocer la gravedad de la situación y atendieron las recomendaciones de la comunidad científica.

Ayer, con un retraso que hemos venido criticando, pero del que ya nos parece ocioso hablar, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un paquete de medidas de carácter económico y social que no puede disociarse del hecho, ya incuestionable, de que España, en su conjunto, va a afrontar un largo período de parálisis ciudadana con consecuencias muy lesivas para la economía, con especial incidencia en la industria del turismo y en el sector comercial. Sin entrar aquí en el acierto o desacierto de esas medidas, cabría preguntarse si el Ejecutivo está dejando pasar de nuevo la oportunidad de encarar una respuesta enérgica y coordinada a nivel nacional para frenar la epidemia, con el recurso, sin ir más lejos, al decreto del Estado de Alarma, previsto para situaciones como la que estamos viviendo.

En este sentido, el presidente del Gobierno insistió en que las decisiones de control social vendrán dadas por las recomendaciones de unos especialistas sanitarios que no citó, posición que, en principio, sería inobjetable si no fuera porque la experiencia vivida durante las primeras semanas de la dispersión de la epidemia, que ha dejado un poso de desconfianza en la opinión pública. Nos referimos, claro, al momento en que, contra toda lógica y racionalidad, se alentó desde el Gabinete la asistencia a unas concentraciones multitudinarias en Madrid y otras ciudades españolas, cuando algunos técnicos, no, desde luego, los adscritos al Ministerio de Sanidad, advertían de que el número de contagios en Madrid y en el País Vasco estaba descontrolándose. Hasta qué punto esa decisión produjo un relajamiento de las alertas probablemente no se conozca nunca, pero, como ya hemos señalado anteriormente, las 48 horas posteriores a la manifestación del 8 de Marzo supusieron un incremento general de infectados y la adopción gradual de medidas de emergencia, principalmente en la Comunidad de Madrid, que no han dejado de ampliarse.

De ahí que debamos insistir en la conveniencia de evitar ese «gradualismo», que tan nefastas consecuencias ha tenido en Italia, y reclamar del Gobierno que, de acuerdo con los partidos de la oposición, dada la afección que tiene para los derechos individuales, se adopten medidas de carácter general que, sobre todo, no dejen a la percepción personal de cada individuo las precauciones a tomar. Si, al final, hay que declarar el Estado de Alarma, mejor antes que después. De lo contrario seguiremos a remolque de los acontecimientos, arriesgando a una sobrecarga catastrófica del sistema de Salud Pública, que está reaccionando excepcionalmente bien en condiciones de máxima exigencia para sus profesionales. Esa medida facilitaría, además, la suspensión temporal de las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia, convocadas para el próximo 5 de abril, cuando se espera que el pico de contagios alcance su máximo, decisión que, de acuerdo a la legislación vigente, los respectivos gobiernos autonómicos no pueden adoptar por sí mismos. De hecho, el PP y el PSOE, juiciosamente, ya han suspendido los actos de campaña. Porque, no hay que olvidarlo en ningún momento, lo decisivo es vencer la batalla contra la epidemia. Si China lo ha conseguido, España también podrá hacerlo.