El único proyecto político es el virus

Las medidas de emergencia tomadas ayer por el Consejo de Ministros son, probablemente, las únicas que están al alcance de la situación económica y presupuestaria de España, al menos, hasta que el conjunto de la Unión Europea, cuyos socios van por libre azuzados por la alarma sanitaria, coordine un plan de contingencia financiera más ambicioso. Tienen la virtud de que, al contrario de lo que sucedió en la crisis de 2008, tratan de paliar sus efectos más inmediatos y conocidos, la caída del mercado laboral y la necesidad de financiación y liquidez de las empresas, y el defecto de que operan sobre bases ya trilladas del aplazamiento de pagos que, tarde o temprano, habrá que afrontar. Asimismo, obligan a un endeudamiento mayor de las arcas del Estado, no sólo por el coste del seguro de desempleo, que se espera limitado en el tiempo, sino por la inevitable reducción de los ingresos fiscales, imposibles de cuantificar en el momento presente porque nadie es capaz de proyectar un escenario probable de la evolución de la epidemia. El más pesimista nos advierte de unas pérdidas superiores a los 120.000 millones de euros y de un aumento del número de parados superior al millón.

El futuro, pues, se presenta con tintes obscuros, especialmente, porque ya se da por perdida la temporada turística, cuya industria supone el 12 por ciento del PIB. Y sin embargo, la emergencia pasará, la sociedad española logrará superar la epidemia y llegará el tiempo de reparar los daños y de relanzar la economía a poco que se reinstaure la normalidad social. Si los cálculos del Gobierno se cumplen, es decir, si los ERTE no derivan fatalmente a una destrucción permanente de empleo, es posible que la recuperación sea mucho más rápida de lo que auguran las voces más pesimistas. Dicho esto, es de toda evidencia que el coronavirus se ha llevado por delante el proyecto político del actual Gobierno de coalición, cuyos planteamientos presupuestarios, por muy rápida que sea la recuperación, se nos antojan inviables.

De ahí que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, confrontado a la realidad, se verá obligado a articular un nuevo programa de Gobierno que, forzosamente, llevará a un desencuentro mayor de sus socios de Unidas Podemos, cuyo desempeño a lo largo de toda la crisis se ha demostrado manifiestamente mejorable, además de lastrar la imagen del Gobierno, en su conjunto, ante una opinión pública que ha interiorizado muy mayoritariamente que las autoridades gubernamentales actuaron tarde y mal frente a la crisis sanitaria. Como parece, cuando menos, dudoso que el partido que lidera Pablo Iglesias se preste a una colaboración leal con el inevitable giro que habrá que dar a la estrategia económica –entre otras cuestiones, porque la crisis ha reducido al mínimo el margen de gasto social, que se irá, lógicamente, en atender a los desempleados y en paliar el coste sanitario–, no es descartable en absoluto que Sánchez se enfrente a una crisis interna en el Gabinete que puede dar al traste con la legislatura.

De ahí que volvamos a insistir en el hecho de que el principal partido de la oposición y su presidente, Pablo Casado, que ha respaldado al Gobierno en los peores momentos de la epidemia y que, pese a las evidentes diferencias de criterio, se mantiene en el principio de unidad de actuación, es la opción más razonable no sólo para afrontar el día después, sino para abordar el gran cambio que necesita el modelo económico español. Si Sánchez, una vez pasado el pasado el peligro, retorna a su conocida posición de desprecio a lo que llama «las derechas», corre el riesgo de verse sometido a una mayor imposición de sus socios populistas y nacionalistas, estos últimos siempre atentos a aprovechar momentos de debilidad del Estado, con malas consecuencias para la sociedad española.