Falta eficacia en la acción del Gobierno

La expresión «en los próximos días» se ha convertido en la respuesta comodín de los responsables gubernamentales cada vez que se les inquiere por la llegada de los materiales de protección que necesitan perentoriamente nuestros médicos, enfermeras y auxiliares que luchan en primera línea de batalla contra la epidemia de coronavirus.

Pero los «días próximos» han ido transcurriendo y la escasez de esos medios se agudiza, sin otra solución, al parecer, que la de debilitar los protocolos de seguridad para poder reutilizar o alargar la vida de máscaras, guantes, delantales y uniformes especiales de trabajo. Asimismo, faltan respiradores y ventiladores, amén de otros elementos imprescindibles para aumentar las camas de UCI, por no hablar de los kits de análisis.

Que haya profesionales que divulguen por las redes sociales tutoriales para hacerse con medios de fortuna, a partir de papel de cocina o bolsas de basura, llena de perplejidad y temor a una opinión pública a la que se trata, al mismo tiempo, de preparar psicológicamente para la llegada del «pico» epidémico. Tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como su coordinador de alertas y urgencias sanitarias, Fernando Simón, insistían hasta ahora en la necesidad de centralizar las compras para proceder a un reparto equitativo de los materiales a las distintas comunidades autónomas, de acuerdo a cómo se fueran presentando las mayores necesidades, pero, ayer, ante las denuncias de ineficacia de algunos presidentes autonómicos, cambiaron el discurso y dieron luz verde a las iniciativas de compras de las comunidades.

Cuando menos, la actuación de los citados responsables del departamento de Sanidad llama a la confusión, más cuando parece confirmarse que se han retenido en Aduanas partidas de materiales ya encargadas por la Comunidad de Madrid antes de que entrara en vigor el estado de alarma, o cuando, simplemente, se ha procedido a la incautación de mascarillas a uno de los proveedores habituales de la Junta de Andalucía, actuación vendida en su momento a los medios de comunicación como si el afectado trabajara para el mercado negro. Es un hecho, que la emergencia social no debe ocultar, que el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha actuado con retraso frente a la extensión de la epidemia. Aun así, una vez puesto en marcha el Gabinete de crisis, podía esperarse que tomara las riendas de la situación y recuperar el tiempo perdido. Comprendemos las dificultades, entendemos la magnitud del desafío, respaldamos el sacrificio que se pide al conjunto de la sociedad española, pero, por lo mismo, exigimos al Ejecutivo firmeza y coherencia en su labor.

No es posible que se repita el error del 8 de marzo, cuando desde las máximas instancias sanitarias se enviaron mensajes ambiguos, exculpando, como se hizo ayer, el inaceptable comportamiento del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, saltándose sin razón válida alguna –puesto que su rueda de prensa no aportó a la ciudadanía más que su habitual combustible partidista– la cuarentena a la que está obligado. Mañana, el Gobierno va a mantener una reunión, telemática, con todos los presidentes de las comunidades autónomas para relanzar la batalla contra el coronavirus y plantear, esperemos, unas bases más sólidas de coordinación. Con la expectación de siempre, estamos seguros de que el Ejecutivo hallará la máxima disposición entre sus interlocutores, pero, también, que le serán reclamadas medidas de apoyo más eficaces. El Estado tiene recursos suficientes pero hay que saber ponerlos en marcha. El acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Ejército para habilitar un gran hospital de campaña en la sede de IFEMA, puede de servir de ejemplo. Porque las semanas que se avecinan van a ser decisivas.