Pacto “a La Moncloa” para salvar al PSOE

Nada sería más necesario en estos momentos que un gran acuerdo nacional, respaldado por todas la fuerzas políticas y por los agentes sociales, que permitiera afrontar con las mayores garantías los daños económicos sobrevenidos por la calamidad de la pandemia. Es, salvando todas las distancias, lo que hicieron los protagonistas de la Transición en 1977, impelidos por la necesidad de reformar y sanear una economía excesivamente condicionada por el Estado y, por lo tanto, sostenida artificialmente por el dinero público, además de dotar a la naciente democracia de los instrumentos jurídicos que precisaba.

Pero aquellos acuerdos, que pasaron a la historia como «los pactos de La Moncloa», solo fueron posibles porque se fundaban en consensos básicos, como la articulación de un sistema democrático representativo o el convencimiento de que era preciso transitar hacia una economía de libre mercado, que hoy, 43 años después, son puestos en duda por una parte nada despreciable del espectro político español. Ni existe, pues, una voluntad de encuentro ni nos vemos capaces de afirmar que no anide entre los líderes de algunos partidos la convicción de que la presente crisis puede depararles la oportunidad de imponer un cambio de paradigma económico e institucional al conjunto del cuerpo social.

Por supuesto, nada está más lejos de nuestra intención que sembrar dudas sobre la solidez de nuestro sistema parlamentario y sobre la fortaleza del entramado jurídico que lo sustenta, pero sí recalcar lo ocioso de un planteamiento que pasa por alto, por ejemplo, que algunos de los llamados a la hipotética mesa de negociación están inmersos en un proyecto separatista totalmente incompatible con los intereses generales o, caso de la extrema izquierda comunista, pretenden la estatalización de los sectores productivos y financieros de carácter estratégico. Así, cabe preguntarse qué interés tiene el Gobierno en reclamar una concertación que choca con obstáculos tan evidentes, más aún, cuando su permanencia depende del apoyo parlamentario de quienes menos dispuestos están a ceder en sus posiciones de máximos.

Porque más allá de la retórica vacua y de la perentoria necesidad de buscar un paraguas que le cubra de la lluvia de críticas y del torrente de reproches que está provocando su, a todas luces, ineficaz gestión de la batalla contra la pandemia, sabe el Ejecutivo, o debería saberlo, que cualquier opción de pacto con los partidos de la oposición para afrontar el período poscrisis pasa por la ruptura con sus actuales socios de legislatura. Y esto es así, porque las únicas recetas razonables para abordar la recuperación de la economía española son las que plantean las formaciones de centro derecha, por más que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insista en la pretensión de que sea la Unión Europea la que corra con la cuenta de una política expansiva del gasto público que no nos podemos permitir.

Como en la crisis de 2008, habrá que exigir sacrificios a los ciudadanos, sí, pero también acciones que restauren el tejido empresarial y permitan la recuperación del empleo productivo. Comprendemos en estos momentos trágicos, con la sociedad española bajo una gran presión emocional, las dificultades de los líderes de los partidos de la oposición, en especial de Pablo Casado, para rechazar una propuesta de colaboración y acuerdo que viene envuelta en un halo patriótico. Pero de la misma forma que Pedro Sánchez y su socio Pablo Iglesias han tomado unilateralmente todas las decisiones, amparados bajo los poderes extraordinarios del estado de alarma, el Partido Popular, Ciudadanos y, por supuesto, VOX tienen todo el derecho, incluso, la responsabilidad, de no extender cheques en blanco.