El barullo del BOE retrata al Gobierno

Detrás de las quejas de los funcionarios que trabajan en Boletín Oficial del Estado, cuyos derechos laborales, por otra parte, están constreñidos por un deber de confidencialidad de interpretación de parte que favorece la falta de transparencia y de crítica pública, no es difícil advertir un rasgo común en toda la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez, como es la improvisación. Esa es la impresión, al menos, que cualquier ciudadano extraería de las denuncias de unos trabajadores, obligados a trabajar en turnos nocturnos, incluso los domingos, para dar salida a la ingente labor legislativa emprendida desde un Ejecutivo hipertrofiado, con docenas de decretos leyes y órdenes ministeriales redactadas a toda prisa, plagadas de faltas de ortografía y de sintaxis y, casi siempre, bajo el sello de la urgencia más absoluta, puesto que la fecha de publicación determina la entrada en vigor de las nuevas normas y disposiciones, algunas presentadas a los correctores del BOE con menos de 45 minutos de margen.

Nos hallamos, pues, ante un caso insólito de legislación reactiva, que no puede justificarse sólo en lo extraordinario de la situación, aceptable exclusivamente para los primeros días, cuando la extensión de la infección parecía imparable, y que explica la confusión que viven muchos sectores empresariales, incapaces de interpretar el vaivén de nuevas disposiciones, adendas y correcciones. Ciertamente, entre el barullo de la normativa, los anuncios de medidas hechas a bombo y platillo por la pléyade de ministros y subsecretarios que pueblan este Gobierno que parece estar siempre en expansión y los «globos sonda» con los que se pretende calibrar el ambiente social, no es de extrañar que cada vez haya más empresarios y autónomos que, sin saber a qué atenerse, decidan no abrir sus negocios o retomar la actividad. El principio jurisprudencial de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento opera, aquí, en su exacto sentido y puede llevar a la ruina, porque en España la entidad de las multas y sanciones son un despropósito, a cualquier negocio, en especial los que trabajan de cara al público. Por no entrar, como también denuncian los funcionarios, en los «boes fakes» que circulan por las redes y que contribuyen a aumentar la confusión general. O, lo que es muy significativo, que decisiones gubernamentales de calado, como el cambio de régimen de clases pasivas, que se ha trasladado a la Seguridad Social y afecta a miles de empleados públicos, pasen inadvertidas en medio del tráfago legislativo.

En realidad, como señalábamos al principio, la enorme carga de trabajo que ha caído sobre los funcionarios del BOE, que, dicho sea de paso, dependen de la vicepresidenta Carmen Calvo y ni siquiera saben si van a poder cobrar las horas extras o los festivos, nos sitúa, lamentablemente, en el peor de los escenarios de esta crisis. No es sólo la descoordinación vivida a la hora de certificar empresas de suministros médicos, ni las continuas rectificaciones sobre permisos de trabajo y sectores considerados esenciales, sino que plantea serias dudas sobre la eficacia de unas medidas que deben paliar la gravedad de las situación económica, elaboradas con más prisas que urgencias y cuyos efectos a medio plazo es imposible calibrar. Más valdría que nuestros gobernantes, muchos de ellos sin experiencia previa en la gestión pública, mantuvieran la calma y se prestaran a un examen concienzudo, respaldado por funcionarios expertos, antes de lanzarse a esta vorágine legislativa de cortos vuelos, que amenaza, incluso, con colapsar servicios esenciales de la Administración. Si España pretende salir con bien de la crisis será desde la reflexión, no llenando a mansalva las páginas del Boletín Oficial del Estado.