La dimisión de Marlaska es obligada

Dados los antecedentes de los gobiernos que ha presidido Pedro Sánchez, se antojará un mero brindis al sol que se demande la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por su incalificable intromisión en unas actuaciones judiciales de la Guardia Civil que, por los indicios que se van conociendo, pueden llegar a nublar, incluso, el horizonte procesal de algún miembro del Gabinete de coalición, como es el caso del titular de Sanidad, Salvador Illa. Sin embargo, nos hallamos ante unas conductas que no sólo han pasado por encima del buen nombre y de la dignidad profesional de un servidor del Estado con una hoja de servicios impecable, como es la del coronel Diego Pérez de los Cobos, sino que ponen en entredicho la independencia del Poder Judicial, cuestión que no admite justificación posible en un país democrático que se precie.

Tal es así, que no existen precedentes, al menos, que conozcamos, de que una magistrada en ejercicio haya tenido que remitir una carta de oficio a un miembro de un gobierno para recordarle el deber de secreto de las actuaciones judiciales y el respeto que cabe exigir de los representantes públicos hacia la labor de las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente, cuando estás actúan bajo las órdenes de jueces y magistrados. Pero, si nada de esto, que es verdaderamente grave, sirviera a efectos argumentales, debería bastar con la muestra de incompetencia de Fernando Grande Marlaska, cuyo desempeño público ha provocado una convulsión de enormes dimensiones en el seno de la Guardia Civil, un Instituto querido y respetado por los españoles; que ha elevado la crispación política y que ha producido intranquilidad en la opinión pública en unos momentos críticos para España, acosada por las consecuencias de la pandemia, en los que se espera de sus gobernantes que aporten sosiego y calma.

Sin duda, es consciente el todavía ministro del Interior de la magnitud del daño causado cuando, ayer, sin previo aviso, decidió comparecer tras el Consejo del Gabinete para anunciar un nuevo tramo financiero en la equiparación salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Que las asociaciones profesionales de la Benemérita hayan reaccionado indignadas ante lo que, con toda la razón, consideran un insulto, demuestra, como decimos, la conciencia de la gravedad de lo hecho, pero, también, la insólita incomprensión de cómo funciona la fibra moral de unos servidores públicos a quienes cualquier juez, y Grande Marlaska lo es, debería conocer y respetar. Tal vez así, no hubiera cometido la iniquidad de destituir por «pérdida de confianza» a un oficial de la Guardia Civil que, orgánicamente, no dependen de él, obligando a su inmediato superior, al teniente general Laurentino Ceña, a presentar su dimisión por dignidad. Y, tampoco, hubiera puesto en una situación de incomodidad personal al sucesor designado, el general Pablo Salas, llamativamente ascendido de grado en la misma sesión del Consejo de Ministros.

Hay actuaciones que incapacitan a un representante público y éstas, a todas luces, lo son. Ni un derecho legítimo y debido, como es la equiparación salarial de nuestros policías y guardias civiles, víctimas durante demasiado tiempo de una discriminación totalmente injustificable y vergonzosa, puede ser manipulado a efectos de la corta política ni el poder ministerial puede ejercerse arbitrariamente sobre cualquier funcionario del Estado que tenga la dignidad de cumplir con su deber por encima de las conveniencias del político de turno, como bien recordaron ayer los jueces. Muy preocupados deben estar en La Moncloa ante las investigaciones sobre la gestión de la pandemia de la magistrada Carmen Rodríguez Medel para caer en este absoluto disparate.