Una causa penal contra el Gobierno

A tenor de las últimas decisiones del magistrado Manuel García Castellón, que instruye la causa sobre el robo del teléfono móvil de Dina Boousselham, ex asesora de Unidas Podemos y mujer muy cercana al líder de la formación morada, Pablo Iglesias, cobra visos de certeza el hecho de que el actual vicepresidente segundo del Gobierno pueda acabar como imputado en el Tribunal Supremo, por delitos de revelación de secretos y daños informáticos. No se trata aquí de pormenorizar el intrincado procedimiento judicial que ha convertido a Iglesias de víctima en investigado, ni, tampoco, de analizar el papel, cuando menos equívoco, que ha jugado la Fiscalía Anticorrupción en este caso, entre otras razones, porque la fiscal general, Dolores Delgado, ya ha abierto una investigación de oficio contra Ignacio Stampa, quien, al parecer, coordinaba sus actuaciones con la defensa de Iglesias y Bousselham, sino de recalcar la trascendencia política de un procedimiento que la conocida facundia del personaje pretendía convertir en una causa contra «las cloacas del Estado» y ha acabado en un vodevil interno, en el que, por supuesto, no faltan los ingredientes morbosos.

Con el problema añadido de que el vicepresidente del Ejecutivo, que ha tratado por medios poco ortodoxos de obtener el sobreseimiento de la causa, no sólo ha mentido en un procedimiento judicial, sino que ha arrastrado a la Fiscalía al cuestionamiento público, lo que dice muy poco en su favor. Puede Iglesias, de hecho está en ello, tratar de desviar la atención hacia una de sus fantasmagóricas conspiraciones urdidas por siniestros poderes, pero lo cierto es que sus actuaciones amenazan con dejar al Ejecutivo de coalición y, especialmente, a su presidente, Pedro Sánchez, en una posición delicada, puesto que no parece posible, ni siquiera en este Gobierno, que el procesamiento ante el Supremo de uno de sus miembros no resulte en su inmediata destitución.

Obviamente, estamos adelantando acontecimientos, por más que estén fundamentados en los oficios y decisiones de un magistrado de la Audiencia Nacional de larga experiencia y prestigio profesional, pero, a nuestro leal entender, no debería el presidente del Gobierno caer en el voluntarismo y despachar el asunto como si no fuera a tener mayores consecuencias. Aunque sólo sea porque es dudoso que el Ejecutivo de coalición pudiera sobrevivir a la destitución de quien ejerce el mando absoluto de la formación de extrema izquierda y no tiene fácil recambio. Por otra parte, incluso en el caso de que Iglesias no resultara imputado, esta peripecia demuestra la compleja relación que mantiene el líder de la izquierda populista española con la independencia de los jueces y la autonomía de los procedimientos judiciales, por lo que no se puede descartar en absoluto que, a medio plazo, pueda provocar una grave crisis institucional.

Más aún, cuando España, es preciso recalcarlo, se enfrenta a una crisis sanitaria y económica de incalculables consecuencias que exige la respuesta de un Gobierno firme, con el mayor respaldo político y social, que sólo puede venir de la obtención de nuevos consensos parlamentarios, para los que la figura de Iglesias y las ideas que representa son un obstáculo mayor. Sobre Pedro Sánchez recae la responsabilidad de conseguir esos consensos que, por supuesto, exigirán no sólo un cambio en las políticas gubernamentales seguidas hasta el momento, sino la renuncia a la estrategia frentista que ha caracterizado las relaciones con los partidos de la oposición y que son el sello más perceptible de la alianza con Unidas Podemos. De ahí, con independencia del horizonte penal de Pablo Iglesias, que convenga al líder socialista abordar un cambio de alianza que, sin duda, será mucho más beneficioso para España.