Sánchez se equivoca, el PP sí negocia

Si el Gobierno ha de caer antes de culminar la legislatura, será por sus evidentes contradicciones internas y la retirada de los apoyos de sus socios, no porque la Oposición cumpla con su deber.

Nada sería más conveniente para superar la situación que vive España que la formalización de un acuerdo para el proceso de reconstrucción, cuyas líneas maestras, elaboradas en la comisión parlamentaria, deben ver la luz el próximo viernes. De atender al discurso maniqueo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empeñado en encofrar un relato exculpatorio de su responsabilidad en la gestión de la pandemia, pareciera que el principal partido de la oposición, ajeno a las reglas del juego democrático, batalla en las sombras para derribar a este benéfico Ejecutivo, para quien, por lo visto, cualquier posición que no roce la pleitesía significa indignidad y traición.

Desde luego, nada de ello es cierto y ni siquiera hace falta tirar del diario de sesiones del Congreso para respaldar lo obvio, que el Partido Popular no ha hecho una política de obstrucción a ultranza, incluso, bajo la cotidiana lluvia de insultos de la inefable Adriana Lastra. Tal es así, que, como hoy publica LA RAZÓN, la vicepresidenta segunda de la Cámara baja, la popular Ana Pastor, negocia con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, las conclusiones del programa de reconstrucción, con especial incidencia en la preparación del sistema de emergencia para hacer frente a la temida segunda vuelta de la epidemia. La propia Pastor, incluso, no ha descartado que su partido pueda respaldar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que, pese a las interpretación interesada de los medios progubernamentales, no significa rectificación alguna, puesto que ya Pablo Casado tendió la mano a Sánchez en este ámbito.

Otra cuestión, que es lo que parece no entender el Gobierno, es pretender de los populares, como de Ciudadanos, la extensión de un cheque en blanco para avalar su gestión. Supondría, por ejemplo, y en aras de un supuesto patriotismo, que la oposición dejara pasar por alto la actual pasividad del Ejecutivo a la hora de acopiar los materiales de protección personal de los sanitarios. Si la falta de mascarillas, guantes de nitrilo, trajes especiales, test de diagnóstico o dispositivos de ventilación mecánica para los enfermos críticos fue un factor determinante en la gravedad de la tragedia, hoy, el Gobierno todavía no ha sido capaz de establecer un acuerdo marco con los suministradores para crear esa reserva estratégica. Pero, a tenor de las lastimeras quejas de Sánchez, cualquier referencia a este tipo de cuestiones no sería más que otra muestra de deslealtad de la oposición. No, si el Gobierno ha de caer antes de culminar la legislatura será por sus evidentes contradicciones internas y la retirada de los apoyos de sus socios parlamentarios, como ya le sucedió a Pedro Sánchez la primera vez. Desde luego, no porque la oposición cumpla su papel.

Y lo mismo reza para el proceso de aprobación de los PGE. Si el actual Ejecutivo de coalición retiene sus apoyos en el Congreso –con los que ya ha firmado algunos acuerdos, como con Bildu, para la derogación de la legislación laboral–, la aritmética partidista hará el resto. Que Sánchez, confrontado a una crisis de consecuencias impredecibles, entienda que no anda en las mejores compañías y trate de ampliar su margen de maniobra no empece para que el Partido Popular no condicione se eventual apoyo a la elaboración de una cuentas pública que tengan en cuenta la realidad económica y social del país. Llama a la melancolía tener que insistir en esta verdad de perogrullo, la que nos dice que es el presidente del Ejecutivo, y no el jefe de la Oposición, Pablo Casado, quien tiene la responsabilidad directa de presentar y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Lo contrario, es resguardarse en el victimismo y, además, dándose aires de superioridad moral.