Sánchez y las cuentas de la lechera fiscal

LA RAZÓN adelanta las líneas maestras de la reforma fiscal que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez y que, como primera providencia, ha puesto en guardia al sector empresarial español, por más que el servicio de propaganda de La Moncloa consiguiera hacer pasar por un hecho extraordinario lo que no era más que la firma de un acuerdo de buenas intenciones con los agentes sociales, sindicatos y patronal, demasiado impreciso en cuanto a los medios a emplear para el noble fin de mantener el mercado de trabajo. Vaya por delante, porque es de justicia, que el Ejecutivo tiene ante sí una tarea de enorme dificultad, pero ello no es óbice para que debamos recalcar el error de fondo que supone utilizar la emergencia económica de la pandemia del coronavirus para acometer un programa de carácter impositivo con vocación de permanencia.

Ciertamente, nos hallamos ante un gasto público desbocado, pero en muchos aspectos ineludible. Ahí están, por ejemplo, los ERTE o el fondo de 10.000 millones de euros para ayuda a las empresas estratégicas, como las aerolíneas, que sigue la estela de otros socios europeos. Pero hablamos de inyecciones puntuales de dinero público, recuperable con los mecanismos del mercado, y no de compromisos de gastos estructurales que, simplemente, no se pueden pagar, al menos, desde la política fiscal que plantea el Gobierno y que no por conocida, ahí están las comunidades autónomas que rige el PSOE para demostrarlo, es menos nociva para las expectativas del crecimiento. Es, además, la manida versión de las cuentas de la lechera, que nunca tiene en cuenta la piedra artera de la realidad.

Así, Pedro Sánchez pretende incrementar los ingresos del Estado en 20.000 millones de euros sin perjudicar a las clases medias y a las pequeñas y medianas empresas por medio de una combinación de impuestos y tasas que, en su mayor parte gravan de manera indiscriminada actividades económicas y productivas. Armonizar, por ejemplo, la fiscalidad medioambiental en todo el Estado, no sólo supone retraer a las haciendas autonómicas una parte de sus ingresos, sino que acaba por repercutir en el coste de los servicios, que paga el consumidor. Aplicar una tasa a las transacciones financieras afecta también al ahorro y desincentiva las operaciones. Cargar de impuestos las sicav, es una forma poco elegante de prescindir de unos capitales que buscarán, no lo duden, terrenos más propicios. Elevar a rango confiscatorio los tipos máximos del IRPF es eficaz, por supuesto, pero echa las redes en un caladero demasiado pequeño para ser determinante. Y, por último, pero no menos importante, incrementar la carga fiscal de las grandes empresas parece un brindis al sol en unos momentos de descenso de beneficios y caída extraordinaria de la actividad económica. No en vano, las asociaciones empresariales advertían ayer de que la mitad de los comercios preparaban el cierre para septiembre. Ni siquiera parece que el previsto aumento de las penas de prisión por delitos fiscales vaya a tener efectos sobre unos tributarios sin ingresos.

Con todo, lo más significativo es que aunque se cumpliera el objetivo de la pretendida elevación de los ingresos fiscales, estos seguirían siendo totalmente insuficientes para colmar una déficit público que los expertos calculan por encima de los cien mil millones de euros, sólo en 2020. Nos hallamos, pues, ante la dinámica de siempre de la izquierda, un poco más acentuada por la influencia de los neocomunistas de Unidas Podemos, y, en consecuencia, cabe esperar el mismo resultado. Habrá subida de impuestos, por supuesto, pero ni será temporal ni afectará sólo a «los ricos y poderosos». Le va a caer encima a las clases medias.