No se puede normalizar la injuria

La línea de defensa que ha decidido seguir el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, frente a la instrucción judicial que le cerca, no carece, ciertamente, de efectividad, pero no deja de ser muy perjudicial para el prestigio de las instituciones. Y no sólo por su reivindicación de la normalización del insulto en las redes sociales, asunto en el que luego nos detendremos, sino porque incorpora al discurso político el concepto del «cuarto poder», manido lugar común, pero que en boca del líder de Unidas Podemos adquiere tonos siniestros. Si el periodismo libre ha de ser forzosamente etiquetado, en todo caso hablaríamos de contrapoder, exactamente lo contrario de lo que afirma Iglesias, desde luego, nada gratuitamente. Subyace, por supuesto, la convicción marxista de la inoperancia de la democracia representativa, expresada a través del parlamentarismo, y su sustitución por la democracia directa, vanamente asamblearia, en la que el control de los medios de comunicación deviene imprescindible para la consolidación del poder popular.

Control que, en estos tiempos de la aldea global, discurre, también, fuera de los cauces tradicionales de la información. No en vano, por citar un ejemplo que será familiar al vicepresidente Iglesias, el Ministerio de Comunicación del Gobierno Bolivariano de Venezuela llegó a mantener 226.013 cuentas simultáneas en twitter, como complemento de los servicios habituales de propaganda. Por otra parte, no revelamos ningún secreto al señalar la importancia que de siempre le han dado los dirigentes de Unidas Podemos al hecho de mantener un perfil alto en los medios de comunicación, así como a disponer de un entramado potente en las redes sociales. Nada tendríamos que decir si esa labor de propaganda fuera en el sentido recto, pero el problema surge cuando la pura y simple difusión de mensajes políticos, absolutamente legítima, se combina con la llamada «propaganda negra», que busca el daño de la reputación y la credibilidad de quienes se hallan en otras posiciones políticas e ideológicas o, simplemente, denuncian el sesgo y las inexactitudes, vulgo la demagogia, del partido morado.

Y aquí, necesariamente, debemos volver a la afirmación del vicepresidente Iglesias, expresada desde la propia sede del Consejo de Ministros, de que es preciso normalizar o naturalizar el insulto en las redes sociales cuando se trata de personas que actúan en el terreno de la representación pública, incluyendo, por supuesto, en el lote a los periodistas, quienes pasarían a convertirse en acreedores de no se sabe qué responsabilidad de carácter político. Ducha la extrema izquierda en mantener bulos, prejuicios y estereotipos, la predisposición orgánica al insulto y la calumnia se extenderían a otros sectores de la sociedad, notablemente los empresarios, que ya vienen siendo objeto de la difamación implícita de los portavoces de Unidas Podemos, pero, también, los propietarios de viviendas en alquiler o quienes prestan servicios públicos desde lo privado.

Sabe bien Pablo Iglesias, los efectos desmovilizadores que ejercen esos ataques ad hominen sobre los profesionales más expuestos a la opinión pública. Y aunque defensor de los escraches «como gimnasia democrática contra los poderosos», comprende la estrategia del toma y daca, y la acepta, siempre que se marquen más puntos que el contrario. Pero no hallamos, sin duda, ante una perversión de las reglas de juego de la democracia, que no puede operar sobre la instigación al enfrentamiento sin cuartel de la sociedad a la que sirve. Pablo Iglesias tiene un problema judicial en el horizonte y otro de credibilidad personal. Y, sinceramente, no creemos que el amparo en el insulto y en la calumnia de quienes le señalan sus flagrantes contradicciones vaya a favorecer su causa. Todo lo más, le hará ganar tiempo entre cortinas de humo.