Opinión

La actitud de Sanidad raya la indolencia

España no puede permitirse una nueva oleada pandémica que obligue a cerrar otra vez parte de su economía que es, por lo visto, de lo único que entiende este Gobierno

RUEDA DE PRENSA SALVADOR ILLA
Víctor LerenaEFE

Si bien hay dudas más que razonables sobre la bondad de la gestión gubernamental de la pandemia de coronavirus, no es óbice para que, ahora, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el conjunto del Gabinete se lave las manos ante una situación de rebrote de contagios preocupante, que no augura nada bueno para el próximo otoño. Pareciera como si el Gobierno que preside Pedro Sánchez no tuviera más recursos para controlar o, al menos, moderar la infección que la aplicación de medidas de confinamiento medievales, bajo la imposición del estado de alarma. Se nos dirá que la responsabilidad descansa sobre las comunidades autónomas que, es cierto, tienen transferidas las competencias en materia sanitaria, pero, como todas las medias verdades, supone una grave alteración de la realidad.

En primer lugar, porque en una emergencia epidemiológica uno de los factores que más determinan el éxito o el fracaso es la disposición de información global, contrastada y a tiempo, función que corresponde primordialmente a los servicios del Estado. Pues bien, pese a que el Instituto de Salud Carlos III lleva a cabo un seguimiento muy profesional de la evolución de la pandemia, aunque sus datos vayan, necesariamente, por detrás de los últimos acontecimientos, el departamento de Salvador Illa ha abdicado, simplemente, de su función coordinadora, demostrando, incluso, que es incapaz de establecer líneas seguras de comunicación con los distintos gobiernos autonómicos.

En caso contrario, se hubiera podido advertir a la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, del paulatino deterioro de la situación en su territorio, que comenzó a detectarse en ,las primeras semanas de junio y que, como es notorio, se agravó a lo largo de lo que llevamos de julio. Otras regiones, como Extremadura o la Comunidad Valenciana, que en junio presentaban tendencias de riesgo, tomaron las medidas pertinentes y, salvo las inevitables excepciones, han conseguido reducir sus índices de contagios. Otras, en fin, como Canarias o la propia Comunidad de Madrid, han sabido conservar lo logrado. Ahora, todo son reproches, merecidos, sí, al gobierno de Joaquím Torra que, por cierto, presenta las peores tasas de seguimiento de contactos infecciosos de toda España –Canarias es en este campo la que mejor se desempeña–, pero al que se ha dejado actuar a su aire desde el Ejecutivo.

Por no hacer, ni siquiera se le puso públicamente ante el error de haber subestimado gravemente el número de «rastreadores» preciso para detectar y aislas los brotes. Castilla-La Mancha, con sólo dos millones y medio de habitantes tiene cuatro veces más especialistas en seguimiento que Cataluña. Como señalábamos líneas atrás, los datos del Carlos III, a fecha del 15 de julio pasado, son más que preocupantes, no sólo por el número bruto de contagios reportados, casi 23.000 más desde el 11 de mayo, sino por el incremento de la tasa de infección, que en las dos últimas semanas ha sido del 41 por ciento, con, por supuesto, Cataluña a la cabeza. Tiene, pues, mucha más labor que hacer en Ministerio de Sanidad que la de facilitar confusos datos de contagios y señalar los brotes.

Adquisición de la información, coordinación eficaz y, en su caso, imposición de las medidas de protección que se consideren imprescindibles, si fuera preciso mediante el recurso a los instrumentos legales, que los hay. Porque lo que nos dicta la experiencia es que no se puede seguir a remolque de un virus del que desconocemos casi todo, que sigue siendo tremendamente contagioso, pero al que una parte de la población parece haberle perdido el respeto. España no puede permitirse una nueva oleada pandémica que obligue a cerrar otra vez parte de su economía, que es, por lo visto, de lo único que entiende este Gobierno.