Una crisis profunda de salida incierta

Los datos del mercado laboral, referidos al segundo trimestre de este año, es decir, los meses más duros de la pandemia de coronavirus, reflejan un panorama desolador que nos advierte de que la sociedad española se enfrenta a una crisis económica más profunda que la de 2008 y cuya salida se torna cada vez más incierta. Que el Gobierno de la nación se aferre a la ilusión de que una vacuna pronta pueda revertir la situación no es, desde luego, la mejor señal que pueden recibir los ciudadanos. Entre otras cuestiones, porque sería la primera vez en la historia que se consigue tamaño éxito científico, más sobre un virus, el Covid-19, con un comportamiento completamente anómalo y que ha sido capaz de mantener su capacidad infecciosa en medio de unos meses de calor extremo.

Por ello, sin renunciar necesariamente a la esperanza de algunos de los numerosos equipos que trabajan en la vacuna lo consiga, es imprescindible que las autoridades gubernamentales articulen una estrategia que opere sobre el peor escenario previsto, el de una segunda ola de contagios que termine por dar la puntilla a la industria turística y a la hostelería en general, que podría desatarse, incluso, antes del otoño. Porque lo que nos dice la Encuesta de Población Activa es que nuestro país tenía a finales de junio más de un millón de nuevos desempleados, mientras que otros 3 millones se encontraban bajo la protección de los ERTE, sin que la apertura de la temporada turística haya sido capaz, más bien todo lo contrario, de reconducir la situación creada por el confinamiento y la paralización de la actividad productiva, cuando dos tercios de las empresas y los trabajadores se vieron obligados a cesar la producción.

Con un problema añadido, que el golpe se lo ha llevado casi en su totalidad el sector de la empresa privada, con más de un millón doscientos mil empleos perdidos, mientras que el sector público ha incrementado en 30.000 personas su fuerza laboral, en buena parte, pero no toda, en el sector de la Sanidad. No hay que ser un experto matemático para calcular lo que eso supone a efectos de los ingresos fiscales del Estado. De hecho, nunca, desde que hay estadísticas, se había registrado en España un trimestre peor para el empleo. Tal es así, que ni siquiera las centrales sindicales de la izquierda se han atrevido a circunstanciar los sombríos datos, lo que no ha impedido al líder de CC.OO, Unai Sordo, insistir en la derogación de la reforma laboral, algo que, a todas luces, parece inviable y demuestra que ciertas ideologías son inmunes a los hechos. De ahí que hay que insistir al Gobierno, especialmente a su ala socialista, en la necesidad de preparar un plan B que vaya más allá del próximo otoño y que se traduzca en unos Presupuestos Generales menos expansivos en nuevo gasto social y que tengan en cuenta la amenaza de cierre que se cierne sobre gran parte del tejido empresarial español.

Porque, incluso, contando con las ayudas de la Unión Europea, el mantenimiento de la protección por desempleo ya va a exigir un esfuerzo extraordinario a las arcas públicas. Y, en estas circunstancias, incrementar la presión fiscal a empresas y trabajadores, muchos de ellos ya en el límite de la supervivencia, no sólo no conseguirá el objetivo buscado, sino que desequilibrará aún más las cuentas del Estado. Ciertamente, parece ocioso decirlo, la actual situación exige un gran acuerdo entre las principales fuerzas políticas, que, por un lado, permita afrontar la emergencia, pero, por otro, aborde las reformas estructurales que demanda desde hace demasiado tiempo nuestro sistema productivo y que, a la postre, habrá que afrontar con coronavirus o sin él. Hay una oportunidad con el programa de reconstrucción que sería imperdonable no aprovechar.