La plaga “okupa”, un grave daño social

Cada año, unos 12.000 propietarios sufren la ocupación ilegal de sus viviendas. El Ministerio del Interior reconoce que a lo largo del último lustro se ha producido un incremento de más del 50 por ciento de este tipo de usurpaciones que, contrariamente a la leyenda extendida por el populismo de izquierdas, causan un grave daño entre los sectores de la población con menos recursos. El asunto, al que hoy dedica amplio espacio LA RAZÓN, se está convirtiendo en un problema serio, que ya provoca alarma social y que, en muchos casos, oculta otras prácticas delincuenciales que es preciso combatir.

Por supuesto, no vamos a entrar en el falso dilema que contrapone dos bienes constitucionales –el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda– en un mismo plano. Y no vamos a hacerlo, porque, como primera providencia, los ciudadanos no pueden verse obligados a actuar con sus inmuebles como agentes subsidiarios de los poderes públicos, que son los únicos responsables de garantizar el derecho a la vivienda. Pero, también, porque no es posible tolerar la perversión de unas leyes, que fueron promulgadas desde la buena fe, por parte de grupos organizados que han hecho del allanamiento de la propiedad ajena su modus vivendi. Hablamos de las mafias que otean en el mercado del alquiler y cobran a los futuros inquilinos por sus «servicios», y de individuos especializados en la extorsión de los propietarios, a quienes exigen grandes cantidades de dinero para ahorrarles el calvario judicial.

Hablamos, como en La Fortuna de Leganés, de barrios machacados por esta plaga, donde el narcotráfico, la prostitución y el desprecio a las más elementales normas de convivencia provocan graves perjuicios a los vecinos. Hablamos, en fin, de cómo las redes de ocupación distorsionan un mercado inmobiliario ya de por sí inalcanzable para muchas parejas jóvenes, a quienes se les hace imposible comenzar sus vidas. Sabemos, sí, que no todos los casos presentan la misma gravedad, el mismo grado de daño. Pero aunque no sea lo mismo entrar un bloque de viviendas vacío, de los muchos que cayeron en manos de las instituciones de crédito tras la implosión de la burbuja inmobiliaria, que aprovecharse falazmente del ingreso hospitalario de un anciano que vive solo o, por citar un ejemplo frecuente, apoderarse de una modesta segunda residencia costera, lo cierto es que la ocupación no puede considerarse ni una alternativa válida ni, mucho menos, un derecho adquirido por la mera acción. La protección legal contra los desahucios abusivos no puede ser el paraguas que cubra actuaciones que, ni remotamente, tienen nada que ver con lo que pretendía el legislador.

Es necesario reformar las leyes en uso y desterrar el presupuesto temporal que marca arbitrariamente la diferencia entre el allanamiento de morada o la usurpación. Pero, también, es imprescindible que la izquierda populista deje de enarbolar la bandera pretendidamente social de los desahucios, ventajoso atajo, en realidad, para no cumplir con sus responsabilidades cuando está en el poder. Ese «progresista» que criminaliza el mercado de la vivienda, que pone todas las trabas imaginables al desarrollo de nuevas promociones inmobiliarias o que justifica la pasividad de los grandes tenedores de pisos a la hora de ponerlos a disposición de los potenciales clientes, sólo trae una consecuencia: escasez de la oferta y subida de los precios, como bien saben los vecinos de la Barcelona de Ada Colau. Hay que reformar la ley para que sea un instrumento eficaz que proteja, al menos, a los pequeños propietarios. De lo contrario, como ya está sucediendo en muchas partes de España, será el cuerpo social quien tome las medidas que crea necesarias, con el inevitable riesgo de la violencia inducida por el hartazgo.