La doble moral de Sánchez

El presidente pide respeto al Poder Judicial ante la investigación de la financiación de su socio, Podemos, justo lo que no hacía con el PP, que ni estando imputado su líder, pedía la dimisión»

En julio de 2017, el PSOE y toda la izquierda, además de sus futuros socios de Gobierno y cómplices de la moción de censura que le llevó, victorioso, a La Moncloa, pedían la dimisión del entonces presidente del Gobierno tras declarar, como testigo, en el «caso Gürtel». Cómo no, el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, pidió en una solemne declaración institucional –aunque la estrategia era descaradamente grosera– la dimisión de Rajoy, y Pablo Iglesias lo sometió desde la tribuna del Congreso a uno de sus habituales juicios sumarísimos, en preventiva aplicación de que, aun no estando imputado –la sentencia se dictó en mayo de 2018–, debía asumir toda la responsabilidad de la corrupción de su partido. Es una forma de verlo, si se sigue la doctrina de que la investigación –antes imputación– obliga inmediatamente a la dimisión y que el líder de un partido debe asumir toda la responsabilidad política de su formación.

Otra cosa es que su aplicación no sea recíproca, es decir, que sólo se aplique a los adversarios, ya que la izquierda está aureolada por una superioridad moral que les hace inmune a cualquier tipo de latrocinio político. Esa es la estrategia que sigue Podemos sobre el informe que la semana pasada presentó el Tribunal de Cuentas sobre su financiación y la investigación que ha abierto un juzgado de Madrid por malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos. Esta imputación hubiera sido suficiente para que fuera cesado por Iglesias, tal y como él se comprometió. Juanma del Olmo, además de secretario de Comunicación de Podemos, es director de Comunicación y Estrategia de la Vicepresidencia segunda del Gobierno, y aunque sería difícil discernir una función de otra, tan sólo por estar dentro de la estructura de La Moncloa merecería una mayor preocupación para Sánchez.

El escrúpulo legalista que Sánchez mostró ayer hacia los problemas judiciales de su socio de Gobierno al pedir «máximo respeto al poder judicial» es inversamente proporcional al que él ha tenido con el Partido Popular. Ni respetó la presunción de inocencia, y justificó todo su programa para llegar el Gobierno a echar al PP del Gobierno aunque fuese con la ayuda de los que unos meses antes habían liderado un golpe contra la legalidad democrática. Pero habrá que interpretar las palabras de ayer a las puertas de Marivent tras su reunión con el Rey como una manera de lavarse las manos: ni una mala palabra, ni un mal gesto. Sánchez no empleó ni una sola palabra en defensa de su socio, ni compartió la estrategia que Podemos está utilizando, muy a la desesperada, en este momento: todo es una confabulación de las «cloacas del Estado» contra un partido que vino para regenerar a España y, lo que son las cosas, en unos años atesora una de las cuentas más oscuras que partido alguno pueda tener, con fuentes de financiación que se alejan de cualquier mecenas democrático y lo aproxima a los regímenes más totalitarios del planeta.

Efectivamente, como dice Sánchez, hay que respetar el trabajo del Poder Judicial, en todas las vías de investigación que ha abierto para saber si Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos y conocedor de todos los secretos del partido y de su líder, ha recibido comisiones de Neurona, una misteriosa consultora que ha trabajado para la formación morada en las elecciones de 2019 retribuida con dinero público, es decir, subvencionado por el Estado como gasto electoral. No hay que olvidar que en los órganos de administración de esta sociedad y otras creadas, según figura en el Registro Mercantil, aparece Monedero. Siempre hay que respetar el trabajo de jueces y fiscales. Iglesias, acostumbrado a someter a juicio público a todos los adversarios políticos y hacerlo sin una sola prueba, sólo a través del escarnio de las redes sociales, ha optado por el silencio, pero sabiendo que lo que pueda decir en todos los frentes jurídicos que tiene abiertos puede ir en su contra.