Prevenir el riesgo de colapso sanitario

No le falta razón a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando expresa la convicción de que el desistimiento del Gobierno central a la hora de asumir el liderazgo de la lucha contra la pandemia ha ejercido una influencia nefasta en la evolución de los acontecimientos. Por supuesto, no es cuestión de tirar de argumentos maniqueos, puesto que la conformación territorial del Estado es la que es, las competencias sanitarias están transferidas a los ejecutivos autonómicos y nadie debería, desde la honradez intelectual, eludir las propias responsabilidades. Hoy, sí, podemos lamentar que el proceso de desescalada que llevó a la «nueva normalidad», pilotado por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, haya pecado de exceso de optimismo, trasladando a la opinión pública la falsa sensación de que el virus había sido vencido y tratando de salvar una temporada turística clave para la economía nacional, pero que, a la postre, ha sido corresponsable de la reactivación de la epidemia.

No se pueden cambiar hábitos sociales y familiares fuertemente arraigados en la idiosincrasia de un país como el nuestro, abierto y amable, sin una campaña de concienciación popular como la que se llevó a cabo durante el confinamiento. Al final, ese mensaje equívoco de que lo peor había pasado, al menos, hasta el otoño, ha terminado por anular la percepción del peligro, arrumbando al cajón de las pesadillas el mínimo principio de precaución. Ciertamente, muchas cosas que debían hacerse no se han hecho. Ni el Gobierno ha sido capaz de legislar en consecuencia, con lo que se hubiera evitado el espectáculo de un sistema judicial sin un criterio unificado, ni el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha conseguido elaborar unos protocolos sólidos y claros, lo que ilustra su falta de autoridad.

Sí, hoy podemos lamentar la escasez de rastreadores, el lento ritmo con que se han desplegado los test de diagnóstico e, incluso, que las plantillas profesionales no hayan crecido en proporción a la emergencia. Pero ya es del todo inútil. Porque lo esencial ahora es aprovechar los escasos días que nos quedan hasta que la población vuelva a su actividad laboral normal y se reanude el curso escolar para preparar la respuesta hospitalaria que, sin duda, va a exigir la nueva oleada de la infección. Es verdad que el coronavirus parece haber perdido letalidad, pero, en parte, se debe a la más baja edad media de los nuevos contagiados, asintomáticos en una alta proporción, lo que conlleva una menor presión asistencial. Sin embargo, los datos de la expansión de la epidemia no nos permiten optimismos que se han revelado fatales. No es de recibo, y en cualquier país razonable hubiera llevado a la destitución de los responsables, que se nos diga que están a punto de agotarse las existencias de uno de los pocos medicamentos eficaces para tratar el Covid-19, el «Remdesivir», cuando el propio ministro Illa aseguraba que había stock suficiente. Y lo mismo reza para el sistema hospitalario.

En Madrid, Cataluña y el País Vasco ya se deja sentir la presión del incremento continuado del número de ingresos. La comunidad madrileña tenía ayer a 1.132 pacientes con coronavirus en sus hospitales, con 132 en las UCI, cuando el 14 de agosto apenas llegaban a 330 los ingresados, con medio centenar cuidados intensivos. Sin descartar que la higiene de manos y el uso de las mascarillas haga menos virulenta la próxima temporada de gripe, es preciso prever su influencia en el panorama general de la pandemia. Hay que preparar el sistema público de salud para el peor escenario posible y, por supuesto, apoyarse en la sanidad privada sin ceder a inútiles coacciones ideológicas. Porque la única certeza es que los contagios van a seguir incrementándose y no podemos permitirnos un colapso como el de marzo.