Un país asustado, sin fe en su Gobierno

El estudio de opinión sobre la percepción de los españoles ante la epidemia de Covid-19, que ha elaborado «NC Reports» para LA RAZÓN, dibuja un país preocupado, incluso asustado, y sin demasiada confianza en la gestión gubernamental de la crisis. La encuesta, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo entre el 20 y el 22 de agosto, es decir, cuando las noticias de la expansión de los contagios ya abrían todos los medios informativos, incide en la inmediata reapertura del año escolar, que es la primera gran decisión de retorno a la vida habitual que tiene que tomar una significativa parte de la población, y deja pocas dudas sobre el temor que embarga a las familias. Es más, nos lleva a preguntarnos por la absoluta falta de sensibilidad que demuestra el Ministerio que dirige Isabel Celaá, que a escasas semanas de la vuelta a las aulas ha sido incapaz de elaborar normas y protocolos comunes dignos de ese nombre, como si el virus tuviera comportamientos territoriales compartimentados, contribuyendo a una cacofonía autonómica que la opinión pública acusa con asombro. Aquí, ante una emergencia real que no admite manejos ideológicos ni cuyos resultados cursan en décadas, se echa de menos esa seguridad, esa escenificación de autoridad moral de la izquierda, con la que, por ejemplo, se dispone el Gobierno socialcomunista a reformar la Ley de Educación. Pero no. Como ocurre con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, su colega Celaá también ha preferido que sean otros quienes arrostren las consecuencias de la «nueva normalidad».

Lo que piensa la mayoría de los españoles, por supuesto, nada tiene que ver con el discurso oficial. Así, sólo un 13,7 por ciento de los encuestados cree que el curso escolar debe reanudarse de manera presencial. Un 49,4 cree que debe ser semipresencial y con clases a distancia, y un 31 por ciento pide, simplemente, que se aplaza el comienzo de curso hasta que se aclare la situación epidemiológica. Ahora bien, cuando la muestra se circunscribe únicamente a quienes tienen hijos en edad escolar y se les pregunta si están dispuestos a llevarles al colegio el próximo septiembre, el 62,8 por ciento responde con una negativa rotunda, entre otras razones, porque casi el mismo porcentaje, el 60 por ciento, considera que Educación no cuenta con ese protocolo válido al que nos referíamos antes, que debería proporcionar alguna tranquilidad a padres y profesores. En estas circunstancias, cabe preguntarse cómo van a afrontar las autoridades educativas la inevitable rebelión de la familias, si han sido incapaces de trasmitir la menor confianza. ¿Tirando de la imposición de las leyes?

En este mismo sentido, el común de los españoles demuestra miedo y desconcierto ante la evolución de los acontecimientos. El 71,6 por ciento de los encuestados teme contagiarse, sin que haya grandes diferencias por razones de edad, y el 74,9 por ciento, una mayoría «a la búlgara», apabullante, cree que el Gobierno central no tomó las medidas que debía para llevar a cabo la desescalada. Pero, que Pedro Sánchez no se equivoque, tampoco están dispuestos a aceptar un nuevo confinamiento, como el de los meses de marzo y abril. Rechazan esa posibilidad el 65,9 por ciento de los encuestados, muy conscientes de las consecuencias económicas, sociales y personales de una decisión de esa naturaleza. Mientras, se multiplican los brotes infecciosos, las autoridades autonómicas actúan, sin duda, desde la mejor voluntad, con los medios que tienen, pero sin el respaldo de una legislación en la que ampararse; se suceden las protestas de los sectores productivos en crisis, crece la emergencia social entre las familias más vulnerables y nuestro Gobierno se mantiene ausente, aunque, eso sí, apurando las vacaciones.