A Illa le falta ciencia y le sobra sectarismo

Estamos ante un caso claro de arbitrariedad que tendrán que corregir los tribunales

Nadie en su sano juicio, mucho menos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, minusvalora la incidencia de la infección de coronavirus en la región ni se opone a tomar las medidas de contingencia que sean necesarias por más que, como demostró la izquierda, éstas se presten a la explotación política por parte de los populismos. Pero, sin duda, cualquier decisión de esta índole tiene consecuencias graves para la vida cotidiana de los ciudadanos y para el normal desarrollo de la economía, en este caso, no sólo la local. De ahí que se espere de nuestras autoridades, al menos, a la hora de resolver en una materia tan delicada, ponderación, conocimiento y evaluación científica de los procedimientos a adoptar.

Nuestra legislación, aunque perfectible, tiene en cuenta estas premisas y por ello exige el consenso general, es decir, no simplemente mayoritario, de los actores implicados, las consejerías autonómicas de Sanidad, que tienen transferidas las competencias, desde la presunción del consejo previo, para el asunto que nos ocupa, de los expertos en alertas sanitarias y Salud Pública. Pues bien, como hoy publica LA RAZÓN, estos profesionales se han negado a evaluar siquiera las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad, por entender que no se han seguido los procedimientos adecuados ni se ha elaborado la correspondiente ponencia previa. No es una cuestión menor porque abunda en la denuncia de que el ministro del ramo, Salvador Illa, cuya idoneidad para enfrentar la mayor emergencia sanitaria en cien años parece manifiestamente mejorable, viene actuando con la Comunidad de Madrid con un objetivo más político que sanitario. Que desde el PSOE y sus aliados de la extrema izquierda se haya tratado de vincular la situación epidemiológica madrileña con una hipotética moción de censura contra Díaz Ayuso sólo refrenda lo que decimos.

Nos encontramos, pues, ante un claro caso de arbitrariedad gubernamental, que tendrá que ser corregida por los tribunales, en el que los criterios se ajustan según convenga. Así, no importa que la Comunidad de Madrid registre un índice infectivo menor que Cataluña o que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que, por cierto, son las únicas zonas sanitarias donde Illa tiene la competencia, o que los mayores expertos en virología y epidemiología hayan puesto en duda, a través de una revista científica de prestigio mundial, la eficacia de las políticas del Ministerio ni que se empleen parametros disímiles para evaluar las capacidades de atención hospitalaria. Cuenta más el objetivo político, ciertamente sectario, que actuar contra la pandemia desde la racionalidad y el consejo de la ciencia.