Un paso más hacia el control de la Justicia

El actual sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial fue una de las obras legislativas impulsadas por el PSOE más controvertidas, entre otras cuestiones, porque suponía una reinterpretación del texto constitucional que desvirtuaba el propósito original de los redactores de la Carta Magna. En efecto, los padres de la Constitución, en aras de reforzar la independencia de los jueces, establecieron que sólo los ocho juristas de «reconocido prestigio» que debían integrarse en el CGPJ fueran elegidos por el Parlamento, y con una mayoría de tres quintos.

El Gobierno socialista de la época amplió a los doce vocales pertenecientes a la magistratura la potestad electiva del Legislativo, eso sí, en las mismas condiciones de mayoría cualificada. Si bien, el órgano rector de los jueces no pasaba a ser un mero trasunto de la aritmética parlamentaria, sí venía condicionado por el juego político de los partidos en liza, con las consecuencias de todos conocidas. Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amenazó con una nueva reforma de la ley que eliminaría las últimas cautelas al partidismo, dejaría sin opción de decisión a la oposición parlamentaria – a la actual y a las que se conformen en el futuro– y transferiría al Ejecutivo una influencia determinante en la designación de jueces y magistrados para los puestos clave de los tribunales de Justicia.

En estas condiciones, que el arrebato del presidente del Gobierno, muy presionado por sus socios de Unidas Podemos, responda a la supuesta desobediencia a sus deseos del actual CGPJ, en funciones, que ha cubierto las vacantes y efectuado los relevos que prescribían las leyes, no hace más que reforzar la imagen de una izquierda siempre obsesionada con el control de la Justicia y de la aplicación alternativa del Derecho. Una izquierda que considera un obstáculo a la acción política la intervención de los tribunales y que cree, equivocadamente, que la ideología personal de los jueces y magistrados condiciona las decisiones jurisdiccionales. No vamos a negar la evidencia de que en algunos casos pueda ser así, pero se trataría de las excepciones que confirman la regla de una magistratura que ha demostrado sobradamente su independencia de criterio, su profesionalidad y su única servidumbre en la recta aplicación de las leyes.

La pretensión de Pedro Sánchez significa, además, un paso en la mala dirección, pues, sin reivindicar un CGPJ expuesto a los avatares del corporativismo, cuanto menos condicionado por la coyuntura política esté el gobierno de los jueces más garantías habrá de independencia y neutralidad. Asusta que la incapacidad de este Gabinete para llegar a acuerdos institucionales siempre se resuelva por la retorsión de las normas vigentes.