El Rey no es un apéndice del Gobierno

Si supiésemos exactamente por qué ahora sí puede viajar el Rey a Cataluña y hace unas semanas no, nos podría ayudar a comprender los motivos por los que la Monarquía está siendo sometida a un ataque permanente sin que el Gobierno salga en su defensa. Que los socios de investidura de Pedro Sánchez quieran demoler todo el edificio institucional, desde Podemos a ERC, pasando por Bildu, no lo ponemos en duda, pero que el PSOE permanezca paralizado ante este hecho es altamente preocupante. Todo indica que Felipe VI podrá viajar a Barcelona el próximo viernes porque el desencuentro entre ambas instituciones, jefatura del Estado y Ejecutivo, ha ido demasiado lejos: ha situado en un primer plano la posibilidad de plantear un cambio de régimen, una república federal, plurinacional o empoderada. Si con este gesto cree Pedro Sánchez que va a corregir su error –si es que es involuntario–, se equivoca. Por contra, parece que persiste en ello al manejar la agenda del Rey en beneficio propio –ahora para enmendar el desatino– y sin consideración a la dignidad que la máxima representación del Estado se merece. Sin embargo, el argumento oficial esgrimido por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, es que ahora se dan las condiciones para que pueda presidir en Barcelona dos actos de carácter económico: ahora no interfiere en la convivencia.

El motivo es que la visita frustrada coincidía con dos hechos que conmoverían a la sociedad catalana y que pondría en peligro la seguridad del Rey: el tercer aniversario del 1-O y la inhabilitación de Torra. Al independentismo le sobran motivos para incendiar la calle, siempre que haya sido previamente calentada por los canales habituales –Generalitat, partidos afines, medios de comunicación públicos– y puedan arrastrar a sus sectores más violentos. El argumento del titular de Justicia persiste exactamente en el mismo error: considerar que la alteración de la convivencia en Cataluña es responsabilidad de los que defienden las instituciones democráticas, la Constitución y la legalidad, que no deja de ser una provocación para el nacionalismo. Razón no les falta: el discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 cerró la posibilidad de que aquel golpe se llevara por delante la Constitución, la unidad territorial y la Monarquía. Una cosa es que todos los actos del Rey deban ser refrendados por el Gobierno, otra que éstos sean un puro apéndice de la actividad pública de Sánchez. No ha ocurrido con ningún gobierno anterior, fuese del color que fuese, y esa lealtad ha sido clave para que, dentro del debate político, incluso encarnizado, hubiese una estabilidad institucional. Al presidente del Gobierno no le queda más opción que reconstruir una relación clave para el futuro de nuestro país cuando nos adentramos en una crisis sanitaria y económica en la que Sánchez no puede eludir su responsabilidad.