Los madrileños, rehenes de Sánchez

Pocas consideraciones cabía hacer sobre la impecable resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque solo fuera porque restablecía la jerarquía de las leyes frente a la prepotencia de un Gobierno que había pretendido confinar a más de seis millones de ciudadanos con una norma que no tenía rango de decreto y ni siquiera iba firmada por el titular de Sanidad. De ahí que no nos extrañe la reacción del Ejecutivo ante el revés judicial, por otra lado, previsible, que solo puede responder a esa denunciada campaña de acoso, de raíz meramente partidista, emprendida contra la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistiera ayer hasta la saciedad en su preocupación por la situación epidémica de Madrid, soslayando la realidad dinámica de la emergencia sanitaria, ya aportaba un elemento de juicio perturbador. Que sin intentar el menor diálogo o concertación con la Comunidad de Madrid se prepare, al parecer, un decreto de estado de alarma, dice mucho de la soberbia de un presidente de gobierno, capaz de tomar como rehenes a los ciudadanos de una comunidad autónoma con tal de cubrir la ineficiencia de su Gabinete. Estamos ante un hecho insólito, que demuestra que para Pedro Sánchez es lícito discriminar a los españoles según el sentido de su voto. Sólo hay que tener presente la circunspección con que este Gobierno trata las insolencias de los nacionalismos para concluirlo.

Con un problema añadido y no menor. Que Pedro Sánchez ni siquiera ha tenido en cuenta la mano tendida de Isabel Díaz Ayuso, que había propuesto una reunión de los equipos técnicos de la Consejería y el Ministerio para revisar las medidas a aplicar en las distintas zonas básicas de salud de la región. Ahora, todo queda en el aire ante la probabilidad de un cierre general, como el de marzo, que supondrá una catástrofe para la economía, o que, ante la reacción de asombro de buena parte de la opinión pública, la presidenta madrileña, que hoy mantendrá una conversación de urgencia con Sánchez, consiga reconducir el esperpento.

Así, llegados a este punto, es preciso señalar que nadie en su sano juicio niega la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para combatir la pandemia, mucho menos las autoridades sanitarias madrileñas, que ya habían ordenado restricciones la actividad normal en varias zonas de salud –eso sí, con la precaución de consultar previamente su legalidad a los tribunales competentes–, pero que cualquier decisión al respecto debe contar con el acuerdo de todas las partes, a las que se supone asesoradas por expertos en la materia. Le queda a Sánchez una última oportunidad para rectificar su deplorable actitud con Madrid.