Pedro Sánchez también miente a Bruselas

El Gobierno que preside Pedro Sánchez, como hoy revela LA RAZÓN, debía haber remitido el pasado mes de junio un informe al Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), organismo dependiente del Consejo de Europa, sobre los criterios de elección del Consejo General del Poder Judicial. El borrador del informe en cuestión fue, en efecto, redactado por el propio CGPJ y consideraba, frente a las reticencias reiteradamente expresadas por el GRECO, que la independencia del poder judicial en España estaba garantizada, entre otras medidas, porque la elección de los integrantes del órgano de los jueces sólo podía acometerse desde una mayoría cualificada del Congreso y el Senado. Llegado el plazo, el Ejecutivo pidió una ampliación hasta finales de septiembre para responder al Consejo de Europa, con la excusa de la emergencia sanitaria, que, por supuesto, no ha cumplido. Todo indica que para esas fechas ya estaba tomada la decisión de reformar el sistema de elección del CGPJ, reduciendo a la baja los requisitos de mayoría, lo que, llana y sencillamente, suponía ir directamente en contra de las recomendaciones del Consejo de Europa y de la Comisión Europea sobre la conveniencia de garantizar al máximo la separación del Poder Legislativo del Judicial, cuestión que las democracias europeas consideran, lógicamente, esencial, y que ha llevado a un conflicto comunitario con Polonia y Hungría. No es, pues, de extrañar que las primeras reacciones de Bruselas hayan sido de franca preocupación, aunque vengan envueltas en el conocido lenguaje diplomático de la Institución, por un proyecto que va contra la línea de flotación de la independencia de los tribunales. Preocupación legítima porque la Unión Europea está envuelta en un agrio debate sobre los mecanismos que deben asegurar el respeto al Estado de Derecho de sus socios, incluido el de la retirada de fondos asistenciales, que, más allá de que sirvan de cobertura a los países llamados «frugales» para limitar el dinero destinado a la reconstrucción, busca impedir las derivas totalitarias en el seno de la unión tras la eclosión de partidos populistas, como Unidas Podemos. Tal vez, Pedro Sánchez pretenda eludir a la Comisión Europea y al Consejo de Europa, garante de la Declaración de Venecia, que es diáfana respecto al asunto que nos ocupa, pero no le será fácil. De momento, desde las autoridades comunitarias se han limitado a recordar las generales de la ley, entre las que se encuentran la obligación de reducir las influencias del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial y la necesidad de que cualquier reforma que afecte al funcionamiento del sistema de Justicia deber ser consultada con todos los actores relevantes. Exactamente, lo que no está dispuesto a hacer Sánchez.