Sin más alternativa que el estado de alarma

Siete meses después del estallido de la pandemia, el Gobierno ha decretado un nuevo estado de alarma. A falta de otros instrumentos legales, como la Ley de Emergencia Sanitaria que rige en Francia, no parece que quedara otra alternativa para dar cobertura jurídica a las medidas de excepción que estaban aplicando los distintos ejecutivos autonómicos y que, en muchos casos, corrían el riesgo de ser anuladas por los tribunales por atañer a derechos fundamentales de los ciudadanos. Podríamos lamentar la oportunidad perdida por un Ejecutivo que no ha sido capaz de legislar una norma más adecuada a las actuales circunstancias y menos gravosa para las libertades, pero sería perder el tiempo.

La cuestión es que esta reedición del estado de alarma, al menos tal y como la planteó ayer el presidente Pedro Sánchez, trata de afectar lo menos posible al normal desarrollo de las actividades económicas, por más que haya sectores, como la Hostelería y el Turismo, a los que será prácticamente imposible recuperarse. Asimismo, frente a la experiencia anterior, el Gobierno apenas se reserva una función de supervisión general, que ejercerá el Ministerio de Sanidad a través de la comisión interterritorial, puesto que la aplicación de las medidas, como los toques de queda y la perimetración de los núcleos de población, serán decididas por los distintos gobiernos autonómicos de acuerdo a las características propias de la infección en cada comunidad. Esas medidas, por supuesto, vendrán condicionadas por los baremos de incidencia acumulada, ingresos hospitalarios y ocupación de las camas de UCI que ya han sido establecidas de manera general. Se trata de evitar arbitrariedades como las cometidas con la Comunidad de Madrid, que pasaron por alto el mejor conocimiento de la situación de la epidemia y que tenían las autoridades regionales a la hora de implementar distintas restricciones.

Está en discusión la pretensión del Gobierno de mantener el estado de alarma por un plazo de seis meses, tiempo que compromete las campañas de Navidad y de Semana Santa, pero, en cualquier caso, será el Congreso quien tenga la última palabra. Y en este sentido, parece lógico que, dentro de las premisas que ha expuesto el presidente Sánchez, que la oposición parlamentaria, especialmente la que representa el Partido Popular, conceda su apoyo al Gobierno y respalde el estado de alarma, sin que se vea en ello un cheque en blanco. Porque lo cierto es que la situación de la pandemia exige adoptar unas medidas extraordinarias que, sin negar el derecho a discrepar de su eficacia, están demostrando, como en Madrid, que son las únicas capaces de reducir los contagios y prevenir el colapso del sistema hospitalario.