Sánchez se empecina en un error de fondo

No dudamos de que la instauración del estado de alarma por un plazo de seis meses convenga a la tranquilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya vivió con pesadumbre como en el período de excepción anterior se le reducía sensiblemente el apoyo parlamentario con cada votación de la prórroga, pero es preciso tener en cuenta que la medida que se pretende no es inocua, puesto que no sólo hablamos de limitación de derechos fundamentales, sino del inevitable daño que producirá a la economía española, por lo que la comodidad política del inquilino de La Moncloa pasa a un plano irrelevante.

Estamos, pues, ante un error de fondo que sería fácilmente subsanable desde la voluntad de concertación, por más que la aritmética parlamentaria, al menos, de momento, sea favorable a la pretensión gubernamental. Y no puede aducir el Gabinete, como ha hecho la ministra de Administraciones Pública, Carolina Darias, que disentir en este punto de la voluntad del presidente sea «poner palos en las ruedas», como si no quedara más alternativa que mantener a la sociedad española bajo un estado de excepción que, por más paños calientes que se quieran poner, supone una grave alteración de la vida cotidiana. Por supuesto, no negamos la pertinencia de la medida en el momento actual de la emergencia sanitaria, mucho menos, cuando no existe consenso científico sobre cómo evolucionará la pandemia en los próximos meses, pero sí que sea aceptable dejar a la mera apreciación del Poder Ejecutivo su extensión.

Por otra parte, la oposición parlamentaria, especialmente, el Partido Popular, ha hecho una contrapropuesta razonable e igualmente eficaz a los efectos deseados, como es que el estado de alarma se imponga por dos meses, tiempo suficiente para conocer la evolución sanitaria en los distintos territorios y, sobre todo, para que el Gobierno elabore y presente a las Cámaras una reforma de la actual Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública que permita a las Comunidades Autónomas aplicar las limitaciones a la movilidad que consideren precisas sin mantener al conjunto de los ciudadanos en una situación de excepcionalidad constitucional. Con un factor añadido, que el plazo de ocho semanas propuesto por Pablo Casado no presupone, como ocurre ahora, dar por perdidas las campañas de Navidad y Semana Santa, con los perjuicios que son de esperar. En estas circunstancia, no se entiende el empecinamiento del presidente Sánchez en su propuesta, aunque sólo sea porque, de persistir la expansión de la infección, bastaría con presentar al Congreso la correspondiente solicitud de prórroga. Tendrá que argumentarla, pero forma parte de sus funciones.