Desprecio a un Congreso venido a menos

El Congreso de los Diputados, representante del Poder Legislativo y de la soberanía nacional, aprobó ayer por 194 votos a favor, 99 abstenciones y 53 «noes» la concesión al Ejecutivo de un estado de alarma por un período de seis meses. Que el debate previo de una medida de tal alcance, inédita en nuestra democracia y de dudosa interpretación constitucional, se produjera sin que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considerara necesaria su presencia en el banco azul, en un acto de desprecio inaceptable desde todos los puntos de vista, sólo añade un toque de prepotencia gubernamental a lo sucedido.

Es cierto que muchos de los partidos que votaron a favor, al menos a tenor de sus justificaciones, lo hicieron tapándose la nariz, pero ello no rebaja en un ápice el hecho de que el Parlamento ha renunciado a su labor fiscalizadora del Ejecutivo al que ha extendido un cheque en blanco, como si la disposición expresa en nuestra Carta Magna, que exige la renovación quincenal de las prórrogas del estado de alarma, se hubiera desvanecido en medio del desconcierto que nos ha traído la pandemia. Que los partidos nacionalistas y de la extrema izquierda, extrañamente dependientes del actual Gobierno, del que parecen esperar no se sabe qué cosas, hayan votado «sí» entraba en la lógica de los acontecimientos, pero que Ciudadanos forme parte de esa mayoría sólo se explica desde la actual deriva de un partido que no parece encontrar su sitio.

Sin embargo, lo que verdaderamente importa, más allá de las justificaciones de cada cual, es que durante los próximos seis meses, al arbitrio del Gobierno, los ciudadanos españoles van a permanecer bajo un estado de excepción que permite suspender derechos fundamentales y cuya determinación de sus alcances será potestad de unos ejecutivos autonómicos que, abandonados a sus propias fuerzas, se enfrentan a la emergencia sanitaria de manera dispar, cuando no con medidas contradictorias. Que el decreto del estado de alarma deje parcialmente sin efecto la función vigilante de los tribunales sobre las actuaciones gubernamentales sólo empeora las cosas. Con un agravante: que el Gobierno central se desentiende en la práctica de la lucha contra la pandemia, por más que nos asegure su voluntad coordinadora. Basta con preguntar a los responsables del Ministerio de Sanidad qué previsiones se han tomado ante la contingencia, nada impensable, de que el sistema sanitario de una comunidad colapse y no sea capaz, como ocurrió la pasada primavera, de prestar la debida atención hospitalaria a todos los pacientes. Porque, hasta el momento, el aluvión de medidas restrictivas dictadas por las autonomías no ha conseguido detener la expansión del coronavirus.