Un “Gran Hermano” desde La Moncloa

Ni la libertad de expresión ni la de información necesitan de la tutela gubernamental

Rober Solsona Europa Press

No deja de ser un sarcasmo cruel que un Gobierno como el que preside Pedro Sánchez, que ha basado en la propaganda más pedestre, en las medias verdades y en los «globos sonda» la mayor parte de su acción política, pretenda erigirse en valladar de la desinformación y protector de la verdad pública. Y que nadie se llame a engaño ni se deje narcotizar por las bellas palabras y los equívocos nombres con que nos quieren vestir el engendro. Estamos, y no hay exageración posible, ante uno de los ataques al derecho a la información y la libertad de expresión potencialmente más graves desde la recuperación de la democracia.

Pretender que unos funcionarios al servicio de la Presidencia del Gobierno, designados a dedo y sin más crédito y legitimidad de origen que la que cada uno quiera atribuir a la potestad de quien los nombra, se conformen en un remedo de «Gran Hermano» orwelliano para combatir «la amenaza que supone la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persigue influir en la sociedad con fines interesados y espurios», sólo puede entenderse desde la desfachatez. Ni la libertad de información ni la libertad de expresión, pilares fundamentales en cualquier democracia que se precie, necesitan de las tutelas gubernamentales ni de otra protección que no sea la estricta neutralidad de los poderes públicos.

El reproche a las malas prácticas en el ejercicio de esos derechos está perfectamente recogido en el Código Penal y corresponde a los tribunales de justicia aplicar las sanciones y las medidas correctoras. Ir más allá es abrir la puerta a un escenario de incierto retorno. Dicho esto, si lo que se pretende es proteger a la sociedad del peligro, supuesto, de las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales, así como de la injerencia de potencias extranjeras en el sosegado devenir de nuestras democracias, el mejor camino no pasa por los despachos de un Gobierno que -y este sí que es el mayor de los sarcasmos-, tiene entre sus miembros a quienes forjaron sus carreras políticas desde medios de comunicación financiados por regímenes totalitarios y teocráticos como los de Venezuela e Irán.

No. El camino es el contrario. Defensa de la libertad de información que sólo se puede abordar desde la práctica de la transparencia absoluta en las actuaciones de los organismos del Estado, con la salvedad, y muy tasada, de algunas de las actuaciones judiciales y de las Fuerzas Armadas. Es decir, lo que no hace este Gobierno. Y, por supuesto, buscar la excelencia en la formación general, educativa y cultural, de los ciudadanos, para que tengan en sus manos los instrumentos adecuados para detectar mentiras, medias verdades y propagandas.