Renovar el CGPJ, pero no a cualquier precio

No es posible desvincular la entrada en el Gobierno de la nación de un partido de extrema izquierda como Unidas Podemos, con ideas singulares sobre la subordinación de la Justicia a un supuesto «mandato social», de las dificultades que atraviesa la preceptiva renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros han sobrepasado con creces su tiempo de relevo. Basta con observar la deriva radical que el partido que lidera Pablo Iglesias está imprimiendo a la acción gubernamental, haciendo depender de los grupos más extremos de la cámara el futuro de las cuentas públicas, para comprender las reticencias que embargan al Partido Popular a la hora de abordar la tarea.

Tal es así, que ni siquiera la burda maniobra, claramente contraria al espíritu constitucional, llevada a cabo desde el Ejecutivo para cambiar sin el deseable consenso la fórmula de elección parlamentaria del CGPJ, que convertía a la institución judicial en un simple trasunto de la mayoría gubernativa de turno, consiguió doblar el brazo del principal partido de la oposición. Todo lo contrario, el presidente del PP, Pablo Casado, entendió y supo así trasladarlo al conjunto de la Unión Europea, la gravedad de la amenaza para la independencia de los jueces, consiguiendo, al menos por el momento, reconducir el dislate. Hoy, en LA RAZÓN, damos cuenta de las afirmaciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que se muestra optimista sobre la inminencia del acuerdo parlamentario con la oposición, así como de las primeras «quinielas» sobre los futuros integrantes del Consejo, lo que abunda en la opinión de que las conversaciones están muy avanzadas.

Ciertamente, hubiera sido mejor que la responsabilidad de la elección, al menos de los vocales que proceden de la magistratura, recayera sobre los propios jueces, pero el sistema es el que es y haría falta un gran pacto de Estado para cambiarlo, lo que no parece probable. En cualquier caso, la exigencia de una mayoría parlamentaria reforzada, es decir, que obliga al consenso de los dos grandes partidos de la Cámaras, garantiza un cierto equilibrio en la elección de los vocales, quienes, pese a sus inevitables diferencias ideológicas o distintas sensibilidades, presentan unos perfiles profesionales de la mayor calidad. Este es, por supuesto, el principio que hay que respetar, de ahí la amenaza que pueden llegar a representar partidos extremistas, que, como señalábamos al principio, tienen un concepto de la acción de la justicia bastante alejado de los usos habituales en las democracias representativas. Es, por lo tanto, una buena noticia el desbloqueo del proceso de renovación del CGPJ, por lo que supone de acuerdo entre el PP y el PSOE, pero sin olvidar que no puede producirse a cualquier precio, por más presiones que tenga que soportar Pablo Casado.