Transferencia a Madrid del infierno fiscal

No dejaría de ser una pérdida de tiempo y esfuerzo ponderar argumentalmente la incoherencia palmaria de los diputados independentistas catalanes que exigen para Madrid lo que no admitirían de buen grado para su región, como es la pretendida armonización fiscal de las autonomías o de cualquier otra norma que interfiriera en las competencias transferidas, como la Educación, la Sanidad o las disposiciones de los servicios territoriales de emergencia, sino fuera porque supone la admisión implícita de la jerarquía de la Nación y el reconocimiento de la soberanía nacional representada en el Parlamento.

Hasta aquí, pues, podríamos felicitarnos del cambio de posición de un diputado como Gabriel Rufián, súbitamente consciente de que, como parlamentario, representa al conjunto de los españoles y no sólo a sus propios electores, y animarle a seguir por esta senda, que no entiende de fronteras interiores. Sin embargo, y, por supuesto, sin pretender juicio alguno de intenciones, nos tememos que la pretensión del diputado separatista está muy alejada de la búsqueda de la armonía y que, más bien, responde a ese acto reflejo de los nacionalistas de buscar responsables ajenos a la causa de sus propios problemas. Si, además, se reconocen como pupilos adelantados de la izquierda populista, tendremos los ingredientes necesarios para cocinar una enmienda presupuestaria que es, en sí misma, un insulto a la inteligencia y una provocación a esa parte de la sociedad española que hace frente a una de las presiones fiscales más altas de Europa y que viene sufriendo el doble o el triple gravamen de sus bienes patrimoniales, como es el caso de la herencia familiar, por no hablar de otros conceptos de la política fiscal de corte socialista que atacan directamente a los medios de producción de la riqueza, encarecen el mercado laboral y expulsan a los inversores. Si, además, se cuestiona la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad o la mera estabilidad de las instituciones, como ha venido ocurriendo en Cataluña, el resultado no puede ser otro que la pérdida de riqueza.

Es comprensible que el espejo de Madrid les moleste, pero el reflejo que los nacionalistas catalanes creen deformado es la exacta realidad de su fracaso. Bajo los gobiernos populares, la Comunidad de Madrid, sin la pesada carga de la hipoteca nacionalista, ha mantenido una política de aminoración de la cargas impositivas de los ciudadanos y las empresas que ha favorecido la actividad económica y, por lo tanto, el incremento de los ingresos fiscales. Todo dentro de las facultades que le otorgan las leyes y lejos del pretendido paraíso fiscal que denuncian aquellos que, precisamente, mantienen burocracias elefantiásicas con el dinero de los contribuyentes.