Editoriales

Impuestazo contra el modelo autonómico

Es un proceso recentralizador de la política fiscal, con Madrid como objetivo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en una rueda de prensa convocada en Barcelona, Catalunya, (España), a 27 de noviembre de 2020.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en una rueda de prensa convocada en Barcelona, Catalunya, (España), a 27 de noviembre de 2020.David ZorrakinoEuropa Press

Hablar de armonización para justificar un proceso recentralizador de la política fiscal española no deja de ser un sofisma tan palmario que sólo puede provenir de la habitual estulticia de la izquierda nacionalista, sólo eficaz en la aplicación del doble rasero, y de un PSOE como el actual, que viene haciendo gala de la incoherencia como estandarte ideológico. Lo que se pretende es recortar la escasa autonomía en la gestión económica de las comunidades de régimen común, lo que excluye a Navarra y el País Vasco, que gozan de ventajosos conciertos de raíz medieval, no sólo con el objetivo de incrementar la carga impositiva a los ciudadanos, algo que entendemos lógico desde los postulados socialistas, sino de sustraer a la opinión pública la realidad tozuda de que el modelo económico de la izquierda conduce al empobrecimiento de la sociedad.

Que para ello haya que pasar sobre la letra y el espíritu de nuestro modelo de Estado, incluso, en flagrante contradicción con lo que en materia de financiación autonómica venían manteniendo el PSOE y los partidos nacionalistas, como ERC, carece de la menor importancia para unos políticos que se niegan a aceptar que son sus propias falencias, y no el mejor hacer de los demás, la causa principal de sus problemas. Porque en el crecimiento económico de la Comunidad de Madrid, convertida en la región con mayor PIB y con mayor renta per cápita de España, y, en consecuencia, la que más aporta a la caja común, no sólo influye la menor presión fiscal madrileña, apenas un alivio frente a la carga impositiva general que soportan todos los españoles, de las más altas de Europa, sino, también, el clima político y social de una Comunidad abierta al mundo, sin lastres identitarios y en la que prima la libertad individual. Pueden hablar ERC y el PSOE de «paraíso fiscal» o de «dumping», pero esa demagogia no cambia la realidad de una Cataluña con la mayor fiscalidad de España, con tipos marginales confiscatorios, que grava con tributos especiales todas las actividades productivas y que, además, sufre un grave fractura interna, política y social, y que ha visto como se deslocalizaban sus principales empresas.

Ya podría el Gobierno que preside Pedro Sánchez en su obsesión con el PP, aplicar un impuesto disuasorio a todas las comunidades que no voten gobiernos de izquierdas, que la situación en Cataluña seguiría igual. Porque las políticas económicas de los partidos de centroderecha, no sólo en España, se han demostrado más eficaces a la hora de crear riqueza y de facilitar la inversión y el emprendimiento. Y, puestos a armonizar, ya podría el Gobierno acabar con las lesivas fronteras interiores y la multiplicidad de las burocracias.