Es hora de la gran reforma de la Sanidad

Si algo hemos aprendido del terrible impacto de la pandemia de coronavirus en España, uno de los países europeos que más está sufriendo en términos de tasas de contagio y de letalidad, es que nuestro Sistema Nacional de Salud, considerado uno de los mejores del mundo, tenía muchas debilidades internas que sería pueril explicar sólo desde los supuestos «recortes» de la crisis financiera de 2008. Ciertamente, en la fragmentación autonómica, con el consiguiente vaciado de competencias del Ministerio de Sanidad, hay que buscar una de las causas de la falla. Otra, la incapacidad del Gobierno central, al que se dotó de todos los instrumentos legales necesarios, para desarrollar una estrategia común, a nivel nacional, en los momentos más críticos de la emergencia. Otra más, en fin, las diferencias en la gestión de los distintos entes autonómicos, no siempre condicionadas por la disponibilidad presupuestaria, siempre, por otro lado, insuficiente.

De ahí que la opinión pública debiera valorar en su justa medida las propuestas de reforma que, a través de un manifiesto, pretenden presentar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la ministra de Industria, Reyes Maroto, trescientos de los más competentes profesionales de la salud, la economía y la investigación, tanto en el ámbito universitario como en el asistencial, que desempeñan su trabajo en nuestro país. Sorprendentemente, al menos, para el discurso cotidiano, no demandan mayor inversión pública, sino el final de la arbitrariedad en la toma de decisiones en política sanitaria, tanto en la provisión y financiación de diferentes medicamentos, pruebas diagnósticas, programas o intervenciones sanitarias y sobre la creación de algunas infraestructuras sanitarias, como sobre el establecimiento de las prioridades, especialmente, en aquellas actuaciones que tienen costes extraordinariamente elevados, con precios que no se corresponden con sus beneficios en términos de salud.

Para ello, y a imitación de lo hecho en países como Reino Unido, Alemania o Australia, proponen la creación de una una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias, similar a la AIREF en el campo fiscal, que determine a nivel general si los beneficios sanitarios y sociales de una intervención en salud valen lo que cuestan. Porque, es un hecho, que la espiral de gasto público sanitario en España, como en el resto de los países de nuestro entorno, se volverá insostenible. Por supuesto, no sería una institución con poder ejecutivo, pero sí tendría la virtud de enfrentar al poder político con sus decisiones y, sobre todo, unificaría los criterios asistenciales para el conjunto de la nación y favorecería las sinergias de los distintos actores.